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Cuando los refugiados se convierten en okupas: "Las ONG te convencen para alquilarles tu piso y luego desaparecen"

José Manuel llegó a buscar trabajo a sus okupas sirios, pero lo rechazaron. Lleva camino de dos años sin ver ni un solo euro del alquiler de su casa.

José Manuel llegó a buscar trabajo a sus okupas sirios, pero lo rechazaron. Lleva camino de dos años sin ver ni un solo euro del alquiler de su casa.
José Manuel, víctima de la inquiokupación | Libertad Digital

Hace unas semanas, saltaba a los medios de comunicación el caso de un matrimonio de 70 años -ella con cáncer y él con Parkinson- que había decidido alquilar su piso a unos refugiados que habían acabado por convertirse en okupas. El de estos ancianos de Fuenlabrada, sin embargo, no es el único.

En Zaragoza, José Manuel también se dejó llevar por las promesas de una ONG que trabajaba con refugiados sirios. Hoy, lleva casi dos años sin recibir ni un solo euro y sin poder recuperar su piso. "Te convencen para alquilárselo, y luego desaparecen", denuncia, desesperado. Lleva más de 13.000 euros perdidos y ni siquiera sabe cuándo podrá recuperar su casa: "Necesitamos venderla cuanto antes. Mi hermana está en tratamiento de ansiedad y estamos totalmente desamparados".

Las promesas de la ONG

Su historia se remonta al año 2019. Por aquel entonces, él y su hermana decidieron poner en alquiler la casa en la que se habían criado para poder hacer frente al pago de la residencia en la que se habían visto obligados a internar a su madre, enferma de Alzheimer. Con miedo precisamente a que pudieran entrar unos okupas, recurrieron a una inmobiliaria de confianza: "Me llamaron y me dijeron que había una opción de alquiler súper seguro a unos refugiados sirios y que era muy, muy seguro, porque detrás de este alquiler había una ONG que se llamaba APIP-ACAM que respondía de todo, tanto de impagos, como de posibles desperfectos en la vivienda, reparaciones, etcétera".

Los responsables de la fundación les ofrecieron todas las garantías e incluso estuvieron presentes en el momento de la firma. Los primeros meses no hubo ningún problema, pero, cuando, pasado un año, los refugiados dejaron de pagar, José Manuel y su hermana empezaron a arrepentirse de haber confiado en ellos.

En aquel momento, España ya estaba sumida en la pandemia. Su madre había muerto y tardaron un tiempo en ser conscientes de los impagos, por el bloqueo habitual de las cuentas que los bancos llevan a cabo hasta que se arreglan todos los papeles tras un fallecimiento. "En cuanto nos dimos cuenta, nos dirigimos a la inmobiliaria y a la ONG, confiando en que, tal y como nos habían dicho, ellos se harían cargo de todo. Nuestra sorpresa llegó cuando nos dijeron que se desentendían, porque esta gente ya no estaba dentro del programa y, por tanto, ellos ya no eran responsables".

Aquello les cayó como un jarro de agua fría y hoy, después de todo lo vivido, están convencidos de que tan solo son dos más de los muchos damnificados por unas oenegés que, en cuanto dejan de recibir subvenciones de las administraciones públicas, se desentienden por completo: "Cuando se cumple el año, si tiran para adelante, perfecto. Si no, que se lo coma el particular y a por el siguiente".

Rechazaron el trabajo que les buscó

Tras intentar solucionarlo en balde a través de los Servicios Sociales, José Manuel y su hermana no tuvieron más remedio que recurrir a la vía judicial. El desahucio se fijó para el 4 de octubre de 2021. En el último momento, sin embargo, los refugiados presentaron un informe de vulnerabilidad y el juez decidió paralizar el proceso hasta que las autoridades fueran capaces de encontrarles una alternativa habitacional, ya que en aquel momento -y aún hoy- ya estaba vigente el decreto antidesahucios del Gobierno.

Como desgraciadamente suele suceder en estos casos, esa alternativa no parecía llegar, así que José Manuel se movió todo lo que pudo para tratar de ayudarles él mismo. "Les encontré trabajo en un municipio cercano donde hay mucha población árabe que se dedica a la recogida de la fruta. Allí también les ofrecían casa, pero el hombre me dijo que no, que ellos no se movían de Zaragoza, que ahí tenían todos los médicos y todo, y que les era mucho más cómodo".

Más de 13.000 euros perdidos

Hoy, los refugiados sirios llevan ya 21 meses sin pagar ni un solo euro y José Manuel y su hermana, más de 13.000 euros perdidos. Y eso sin contar con el gasto de abogados y los 108 euros mensuales de comunidad que tienen que seguir pagando religiosamente. "A nivel institucional, estamos totalmente desamparados", denuncia este propietario, que asegura que la única ayuda a la que pueden acceder -tres meses de alquiler como compensación por no poder desahuciarles por culpa del decreto del Gobierno- ni siquiera la han recibido todavía.

Al igual que otras víctimas de la okupación, la salud de estos propietarios también empieza a resentirse. "Mi hermana está con tratamiento de ansiedad y necesitamos vender la casa cuanto antes", insiste José Manuel. Su única esperanza es que el decreto antidesahucios del Gobierno decaiga de una vez por todas. Sin embargo, el Ejecutivo lo ha vuelto a prorrogar por enésima vez hasta el próximo mes de diciembre.

Mientras tanto, José Manuel ha decidido unir sus fuerzas a la Plataforma de Afectados por la Ocupación, una organización que busca que tanto la sociedad como las administraciones públicas reconozcan los agravios que sufren las víctimas y que se promueva una ley antiokupas que no sólo sirva para frenar esta lacra, sino también para compensar los daños económicos y morales que sufren sus afectados.

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