Atrás quedaron los tiempos en los que PSOE y Podemos hacían oposición al gobierno del Partido Popular criticando los "rescates" concedidos por Mariano Rajoy a empresas en dificultades. Cuando los azules inyectaban dinero público en la operativa de las concesionarias de autopistas, las entidades financieras o las empresas de almacenamiento de gas, todo eran críticas y denuncias. Pero ahora que el poder está en manos de rojos y morados, este tipo de operaciones no solo no han desaparecido, sino que parecen haberse intensificado.
Empecemos por los créditos ICO. El Ejecutivo de coalición conformado por socialistas y comunistas no ha tenido reparos a la hora de disparar los avales ejecutados por esta vía. De 2020 a 2021 se produjo un espectacular aumento del 50% en el riesgo de impago asociado a los préstamos intermediados por el Instituto de Crédito Oficial. Esto significa que, en última instancia, los "rescates" aprobados por la vía de ofrecer financiación a fondo perdido han crecido en más de 30.000 millones de euros bajo gestión de Pedro Sánchez.
Pasemos ahora a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). A lo largo de los dos últimos años, este vehículo público ha inyectado más de 1.100 millones de euros en la cuenta de empresas privadas como las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra, la red de agencias de viaje Ávoris, el fabricante de bienes de equipo Duro Felguera o las compañías Tubos Reunidos y Rugui Steel.
Algunas de estas operaciones han sido especialmente polémicas, caso de la aerolínea Plus Ultra, una compañía vinculada al régimen "chavista" venezolano que está siendo investigada por los presuntos delitos de malversación y prevaricación que se habrían producido tras una operación valorada en más de 50 millones de euros.
Esta rúbrica no acaba ahí. Con más demora, el gobierno ha cerrado una serie de operaciones que han estado encima de la mesa del gabinete sanchista durante mucho tiempo, pero que finalmente han salido a la luz. Solo en los dos años, la SEPI ha tramitado más de 70 expedientes de "rescate" a través de su Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. En el aire, los expedientes que ha gestionado la SEPI suman 5.345 millones de euros. Detrás de estas ayudas, empresas tan dispares como Técnicas Reunidas, Ferroatlántica, Hotusa, Rugi Steel, Eurodivisas o Wamos.
Y la lista puede ir en aumento. También hemos conocido que Ezentis, empresa dedicada a la gestión de infraestructuras de telecomunicaciones, reclama una ayuda de 70 millones de euros. Y, en paralelo, la siderúrgica Celsa cuenta con el apoyo del gobierno separatista de Cataluña a la hora de reclamar a Moncloa un "rescate" valorado en 550 millones.
Así las cosas, el gobierno que venía a luchar contra los "rescates" ha movilizado ya 36.000 millones de euros en "rescates", concediendo créditos de dudoso cobro por valor de 30.000 millones y negociando otra serie de operaciones de auxilio cuyo impacto agregado rebasa el umbral de los 6.000 millones.