Había nervios en el sector inmobiliario por conocer hasta qué punto el catastrazo impulsado por el Ministerio de Hacienda encarecería la compra de vivienda, pero ha sido necesario más de medio año para acceder a estimaciones realistas sobre la cuestión. No en vano, cada inmueble es diferente y una estimación rigurosa exigía evaluar al menos seis meses de transacciones para tener una muestra representativa.
Los resultados de la investigación son demoledores. Según denuncia un completo informe elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias en el que han participado más de 400 agencias del ramo, el nuevo valor de referencia empleado para estimar el valor de los inmuebles ha elevado en un 17% la tributación asociada a la compra-venta o herencia/donación de vivienda.
El sobrecoste está siendo generalizado, puesto que en cuatro de cada cinco operaciones se está pagando más con el nuevo sistema, que afecta a la base imponible de diversos gravámenes, caso del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) o el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISyD).
Se veía venir
Libre Mercado alertó de esta subida de impuestos encubierta en febrero de 2020, apuntando que el gobierno escondería este fuerte aumento fiscal en su ley contra el fraude fiscal, como finalmente sucedió. La Administración Sánchez anunció entonces que dejaría de validar el "valor real" anotado en las escrituras públicas de compra-venta y que pasaría a estimar por su cuenta el "valor de mercado" de cada inmueble, determinando así "el precio más probable por el cual podría venderse cada activo".
Como también informó este diario en octubre de 2021, "en la medida en que la mayoría de inmuebles pasarán a valer más ante los ojos de Hacienda, la fiscalidad de las casas se verá directamente afectada". Abogados fiscalizas como Alejandro del Campo Zafra alertaron entonces de que el aumento sería, cuando menos, del 8%.
"Una injusta carga fiscal"
Ahora, estas negras previsiones quedan validadas por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, cuyo estudio afirma que "el nuevo sistema supone una injusta y nueva carga fiscal y un desembolso económico más para el comprador, lo que desincentivará o puede llegar a frenar una parte de las compraventas, sobre todo entre las personas que quieren adquirir su primera vivienda habitual y en un contexto económico actual complejo marcado por una inflación en máximos históricos".
El informe también considera que la nueva valoración "no se ajusta a parámetros reales de mercado, ya que no considera el estado de reforma o la distribución interior de las viviendas, entre otros factores". E insiste en que "el hecho que Hacienda haya traspasado al contribuyente la carga de la prueba para demostrar el valor del bien adquirido, cuando no está de acuerdo, podría interpretarse como poner en duda la veracidad de la fe pública notarial en las compraventas de mercado, que son la mayoría, y, en consecuencia, podría ser considerado como una práctica confiscatoria y anticonstitucional, como ya han alertado algunos expertos".
El sobrecoste medio del 17% esconde diferencias por comunidades autónomas, puesto que hay algunos territorios donde los nuevos valores han tenido más impacto, como Canarias y Galicia con una subida que supera el 21%, y otros donde el golpe ha sido más suave, caso de Extremadura o Baleares donde el incremento ha rebasado el 11%.
Pero, en cualquier caso, y a pesar de las diferencias por comunidades, hablamos en todos los casos de de un encarecimiento muy fuerte, en tasas de doble dígito, que confirma los peores augurios del sector inmobiliario y que va a contribuir a dificultar más aún el acceso a la vivienda.