Poco a poco se han ido conociendo los detalles de los últimos tormentos fiscales inventados por Pedro Sánchez: los impuestos a las energéticas y a la banca. El tributo a las grandes empresas energéticas de Sánchez gravará con un 1,2% sus ventas. Y el de la banca exigirá un tipo del 4,8% sobre las comisiones e intereses netos de las entidades financieras. Pero lo que no se conocía era el tono de la negociación con ambos sectores. Y es que, mientras las energéticas pedían detalles técnicos para amoldarse e intentar negociar un menor impacto en este nuevo golpe fiscal, el Ministerio de Hacienda contestaba con toda una declaración técnica: "Necesitamos 4.000 millones y los vamos a recaudar". Un manifiesto que deja claro el objetivo y rigor legislativo de la reforma.
Las negociaciones del sector con los enviados de Pedro Sánchez no han podido ser más frustrantes. La parte más dura de las conversaciones, de hecho, llegó de la mano de los equipos del Ministerio de Hacienda y en la fase de petición de detalles técnicos.
Las empresas energéticas buscaban argumentos que contrarrestar con explicaciones técnicas que permitiesen a las empresas hacer comprender al Gobierno que sin beneficios extraordinarios en España era imposible pagar por las exigencias de Sánchez. Iberdrola, de hecho, acaba de presentar sus últimos resultados y el golpe de su empresa en España ha sido llamativo. Mientras que en Brasil o EEUU el crecimiento de los beneficios ronda el 30%, en España se ha desplomado un 26%.
Pues bien, en medio de ese tipo de explicaciones técnicas y cuando los enviados de las distintas energéticas explicaban que el impuesto era un golpe difícilmente asumible por el sector, los enviados del Gobierno y de Hacienda cortaron la conversación con una frase reveladora del verdadero fin de la reforma: "Necesitamos 4.000 millones de euros y los vamos a recaudar". Fin de las conversaciones supuestamente técnicas.
Y dicho y hecho. Este mismo jueves se ha presentado un impuesto a las energéticas que les exige un nuevo pago sobre unos ingresos que, convertidos ya en beneficios, están ya gravados por el Impuesto de Sociedades, pero esa dualidad impositiva al Gobierno le ha dado igual. Lo importante es que necesitan "4.000 millones" y los pretenden recaudar.
El texto de la reforma fiscal que alberga los dos nuevos impuestos destaca, así, que las nuevas figuras tributarias afectarán a los resultados de los ejercicios 2022 y 2023. Estos pagos no podrán deducirse del Impuesto de Sociedades ni repercutirse al cliente, según el Gobierno. Y será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) -en colaboración, en el caso de la banca, con el Banco de España- quien vigile el cumplimiento de estas exigencias. En caso de que energéticas y banca intenten trasladar el importe fiscal a los consumidores finales, el Gobierno asegura que impondrá sanciones por valor del 150% del importe repercutido.
El Gobierno, de este modo, pretende recaudar 7.000 millones de euros en dos años con este golpe fiscal a las empresas: 4.000 de las compañías energéticas y 3.000 de los bancos.
La obligación de pago de las energéticas, por otra parte, nace el 1 de enero del año siguiente (2023 y 2024), que se abonará en septiembre, aunque se exigirá un pago a cuenta del 50% del importe total en el mes de febrero. Quedarán excluidos del pago del impuesto -que prevé recaudar 2.000 millones anuales- los grupos cuya parte energética supone menos de la mitad del importe neto de su cifra de negocios.
Por lo que respecta al impuesto a la banca, que pretende recaudar 1.500 millones anuales, gravará el margen de intermediación, es decir, los intereses netos -diferencia entre los que cobra cada banco y los que paga- y las comisiones netas -diferencia entre las cobradas y pagadas- con un tipo del 4,8%.
Al igual que en el tributo energético, la obligación de pago nace el 1 de enero del año siguiente (2023 y 2024), que se abonará en septiembre, aunque se exigirá un pago a cuenta del 50% del importe total en el mes de febrero.