El plan de medidas urgentes para el "ahorro energético" presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, choca frontalmente con el decreto que regula la temperatura máxima que deben tener los lugares de trabajo cerrados para evitar el estrés térmico, un trastorno considerado enfermedad laboral y, por lo tanto, motivo de baja y de denuncia ante la inspección de trabajo.
El Gobierno integrado por socialistas y Podemos ha decretado que en los meses de invierno, la temperatura de los establecimientos, centros comerciales, estaciones, grandes superficies, supermercados, etc. no podrá subir de 19 grados y en verano no podrá bajar de los 27 grados.
Sin embargo, el Real Decreto 486/1997 por el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, establece en su anexo III dedicado a las condiciones ambientales que "la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 grados", mientras que "la temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 grados", dos grados por debajo del límite que acaba de decretar el Gobierno.
Sanciones anuladas por los tribunales
Por "trabajos ligeros" se entienden todos aquellos que exigen una cierta actividad física, como por ejemplo la hostelería, los comercios, reponedores, algunas obras o trabajos con maquinaria ligera. En todos ellos, la temperatura no puede ser superior a los 25 grados, lo que resulta del todo imposible de cumplir con la nueva norma de ahorro energético del Gobierno.
Según Juan Ramón Liébana, doctor en Derecho y asesor en prevención de riesgos laborales en la Federación de Empresas de La Rioja, las sanciones que se impongan a los empresarios por incumplir la nueva normativa de ahorro energético "van a ser anuladas por los tribunales porque el Gobierno está legislando poniendo en riesgo la salud de los trabajadores".
Desde el punto de vista de garantizar la seguridad de los trabajadores y la salud laboral, para Liébana no tiene sentido que la norma entre en vigor la semana que viene, en plena ola de calor y cuando se acaba de conocer que en julio murieron más de 2.000 personas en España por las altas temperaturas. "El Gobierno está forzando la máquina", señala.
Sanciones arbitrarias y desigualdad entre españoles
Además de poner en riesgo la salud de los trabajadores, las sanciones por incumplir el plan de emergencia de Sánchez son completamente arbitrarias. "El régimen sancionador remite a una ley de Industria del año 92", señala Liébana.
"Esa norma regula sanciones de hasta 60.000 euros por infracciones leves y de hasta 100 millones para las graves. Para determinar la multa, hay mil factores atenuantes o agravantes que ahora van a quedar al albur de la interpretación que haga cada administración autonómica a raíz de una norma que no tiene nada que ver con el ahorro energético, lo que puede derivar en cierta arbitrariedad e inseguridad jurídica", denuncia Liébana.
Por otra parte, "va a generar desigualdad entre regiones". Madrid y País Vasco ya han anunciado que no van a aplicar las nuevas normas. "En esas dos regiones, los trabajadores van a estar en una mejor situación que en el resto de comunidades en lo que respecta a la prevención de riesgos laborales", señala Liébana.
