El Palacio de la Infanta Carlota es un inmueble ubicado en el número 32 de la calle Luna. Aunque el céntrico e histórico edificio es propiedad del Ayuntamiento de Madrid, un grupo de "okupas" se ha hecho con el control de la propiedad, obligando a las autoridades locales a iniciar un largo y complejo proceso judicial que ha vuelto a poner de manifiesto la indefensión que enfrentan aquellas entidades, empresas o familias que ven sus viviendas usurpadas.
Informes policiales elaborados en 2019 alertaron de las actividades irregulares que se venían desarrollando en el Palacio. En septiembre de 2020, el consistorio movió ficha para intentar recuperar el inmueble y remitió una carta a los "okupas" con el objetivo de facilitar el proceso. Ante la falta de colaboración y la desidia que han exhibido muchos de los inquilinos irregulares, el consistorio volvió a mover ficha en noviembre de 2021, cuando activó la vía judicial.
Desde entonces, y según una noticia del diario El Mundo, el área de Urbanismo que dirige Mariano Fuentes ha presentado un total de 15 recursos ante la justicia. El tortuoso proceso legal que arrancó entonces acumula 38 autorizaciones judiciales, pero casi cuatro decenas de permisos han resultado ser insuficientes para rematar los desalojos y poner fin al proceso de recuperación del inmueble.
En manos de una red de "okupas"
El Palacio de la Infanta Carlota data de 1775, tiene cuatro plantas y ocupa una superficie cercana a los mil metros cuadrados. En 2005, el paso del tiempo y la falta de inversión hizo que el Ayuntamiento tomase cartas en el asunto y procediese a realojar a los cuarenta vecinos que habitaban el edificio. El consistorio dio un paso más en el año 2011, cuando incorporó el inmueble al patrimonio municipal.
Una década después, la corporación ha podido constatar que el edificio ha caído en manos de un grupo de personas que alquila las habitaciones de forma irregular. Estas circunstancias han acelerado el deterioro del inmueble, hasta el punto de que el Ayuntamiento se ha visto obligado a financiar algunas actuaciones de emergencia, orientadas a evitar colapsos y daños estructurales en el edificio.