Entre el año 2014 y el 2018, se llevó a cabo en España el Plan de Regularización Catastral con la finalidad de detectar irregularidades en las propiedades españolas. Unas irregularidades que iban desde los cerramientos de terrazas, hasta la construcción de piscinas sin licencia previa y sin haber sido notificadas. En total, y según ha avanzado El País, más de tres millones de irregularidades han quedado registradas. Dichas infracciones y notificaciones a los propietarios han llegado en los últimos meses o todavía están por llegar, ya que depende de cada ayuntamiento. Un proceso largo que afecta a los propietarios.
El procedimiento actual consiste en una primera notificación de la irregularidad. Si la obra es legalizable, el propietario cuenta con dos meses para efectuar el pago y el trámite de las diferentes licencias –cada ayuntamiento tiene sus propias normativas para las piscinas, cerramientos u otro tipo de obras y modificaciones urbanísticas–. En caso de que el propietario abone las tasas y saque las licencias, entonces no se aplicaría una sanción. Ahora bien, en el caso de que la obra no sea legalizable, lo más probable es que se pida su demolición y pago de sanción.
Cabe recordar que, debido al citado plan elaborado por el Ministerio de Hacienda, un caso llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dictaminó el derribo de la obra realizada en la terraza de un propietario y el pago de una sanción de 1.000 euros.
Así las cosas, todo aquel que haya construido una piscina o haya hecho cualquier obra visible sin las licencias municipales necesarias puede recibir este tipo de notificaciones que le pueden obligar o bien a regularizar la situación de la propiedad, o bien al derribo y al pago de una sanción.
Esta lucha contra las piscinas no es algo exclusivo de España, sino que Francia también se ha puesto a la caza de este tipo de construcciones para ir contra los propietarios y también aumentar la recaudación del Estado. De hecho, el gobierno francés ha utilizado recursos abiertos al público, como las imágenes aéreas de Google, para detectar así más de 20.000 piscinas ilegales en el país. Así, quien tenga una piscina deberá declararlo e incluirlo en sus presentaciones de impuestos. Se estima que, para una de 30 metros cuadrados, el coste será de 200 euros extra anualmente.