El Instituto de Estudios Económicos, decano de los think tanks españoles, acaba de publicar un demoledor informe en el que un reputado grupo de Catedráticos de Derecho Financiero y Tributario cuestionan la legalidad del nuevo "impuesto a la banca" anunciado por el gobierno de Pedro Sánchez. Pero, además del sinfín de defectos de forma y excesos normativos en los que habría incurrido el Ejecutivo, los expertos del IEE también advierten del daño económico que se va a producir, precisamente en un contexto de galopante crisis económica.
De acuerdo con el informe del IEE, "este tipo de impuestos no se justifican desde una perspectiva económica y, además, generan inseguridad jurídica. Bajo este gravamen subyace la misma cuestión que también afecta al nuevo tributo aplicado a las eléctricas: el supuesto de determinar qué determinado nivel de beneficio es "normal" y qué nivel de beneficio es "excesivo", empleando la terminología misma de la propuesta".
Así, "la definición de beneficios aceptables o no queda al arbitrio del gobierno, sin que exista un criterio objetivo que lo sustente, lo que supone una intervención cuestionable y una incertidumbre muy desaconsejable en un momento como el actual, marcado por la complejidad de un escenario económico con elevadas tasas de inflación y una clara ralentización del crecimiento".
Para el centro de estudios, "la proposición que ha hecho el gobierno contradice la idea de eficiencia económica, debido a que se aplica el impuesto con retroactividad y, por tanto, la empresa no puede siquiera reaccionar ajustando su comportamiento, lo que comportará un descenso de sus niveles de inversión, creación de empleo y riqueza".
Además, el IEE entiende que "los nuevos gravámenes implicarán un incremento del riesgo regulatorio percibido por el inversor, lo que provocará un aumento en la prima de riesgo y afectará negativamente al coste de capital de las empresas afectadas, lo que a su vez dificultará el acceso a fondos para financiar nuevos proyectos de inversión".
"Se debe tener presente que los sectores a los que se están aplicando nuevos impuestos son fundamentales dentro de una economía, por lo que incrementar las trabas que tienen que afrontar, que ya son muy elevadas en términos regulatorios, equivale a erosionar la actividad económica y el empleo en su conjunto. Además, ambos sectores ya se ven sometidos en España a un elevado nivel de imposición superior al promedio de la economía, puesto que, en el Impuesto sobre Sociedades, los bancos soportan un tipo del 30%, frente al 25% que paga el resto del empresariado", señala el centro de estudios.
De acuerdo con las estimaciones del IEE, el gravamen "tendrá un impacto contractivo sobre la actividad económica total de casi 5.000 millones de euros en términos de empleo, con lo que el efecto sobre la economía en general es incluso más relevante que el que incide sobre los sectores afectados". En este sentido, hablamos de un planteamiento desastroso: recaudar 1.500 millones... a costa de hundir la producción en 5.000 millones.