Aunque no le faltan razones a Isabel Diaz Ayuso cuando se presenta a sí misma como "la peor pesadilla de las personas que intenten subir los impuestos en Madrid", lo cierto es que la presidenta de Madrid se ha quedado corta: y es que, si bien hace tiempo que ya está siendo, afortunadamente, una auténtica pesadilla para los que quieren subir los impuestos a los madrileños, también lo está siendo para los que quieren mantener o subir los impuestos al resto de ciudadanos españoles. Buena y reciente prueba de ello es la furibunda reacción de la izquierda, en general, y del gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez muy en particular, a la nueva rebaja de impuestos de ámbito autonómico que acaba de hacer público el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha puesto de ejemplo, precisamente, la exitosa y prospera senda seguida por Isabel Ayuso y que ha hecho de Madrid la locomotora económica de España.
Aunque no se trata de la primera rebaja fiscal llevada a cabo por Moreno en Andalucía —esta senda ya fue iniciada, gracias a los acuerdos con Vox, durante la primera legislatura popular—; el anuncio de Moreno no se limita tan sólo a la encomiable erradicación del injusto y esterilizante Impuesto sobre el Patrimonio sino que incluye también la erradicación del no menos injustificable canon de agua y la deflactación de un 4,3% de los primeros tramos del IRPF.
Ni que decir tiene que el gobierno socialista ha hecho contra Moreno un "corta y pega" de las manidas, demagógicas y populistas críticas que lanzara en su día contra Ayuso. A saber, que Moreno "rebaja los impuestos a los ricos", que Andalucia hace "dumping fiscal" como Madrid o reiterar que lo que hay que hacer es una "armonización" o "recentralización" de impuestos. Lo cierto, sin embargo, es que el impuesto de patrimonio —ese injusto impuesto que grava lo que al contribuyente le queda después de pagar el resto de impuestos— constituye una clara violación de un principio general del derecho (non bis in idem), contrario a castigar —en nuestro caso, gravar fiscalmente— dos veces un mismo hecho o cosa.
La acusación socialista, por otra parte, de que la supresión de un impuesto que viene a castigar el ahorro constituye una muestra de "dumping fiscal" es tan infundada como la que le acusa de "poner en peligro" los servicios públicos. Y esto es así por varias razones. Primero, porque no cabe hablar de dumping fiscal, ni de privilegio, ni de desigualdad entre españoles, cuando todas las comunidades autónomas tienen el mismo derecho de erradicar ese impuesto como también sucede con todos los gravámenes cedidos a las comunidades autónomas de régimen común. Si comunidades gobernadas por los socialistas —como también lamentablemente sucede en la Galicia gobernada por el PP— no lo erradican o no lo bonifican al 100% como en Madrid y, ahora, en Andalucia, es sencillamente porque sus gobernantes autonómicos no renuncian a su voracidad fiscal.
En cuanto a la acusación de que las rebajas fiscales ponen en peligro lo servicios sociales, hay que decir que además de que estas rebajas pueden traducirse en una mayor recaudación por el efecto llamada y por la reactivación económica que a veces pueden generar paradójicamente estas reducciones de la presión fiscal —el conocido como efecto Laffer—, lo que pone en peligro los servicios sociales es el despilfarro y el gasto improductivo que los políticos hacen en ámbitos que nada tienen que ver con la sanidad, la educación u otros servicios comúnmente considerados como esenciales.
Finalmente, y respecto a la tan cacareada y supuesta necesidad de una "armonización fiscal" hay que decir, primero, que las competencias fiscales que tienen cedidas las autonomías son, lamentablemente, muy escasas, por lo que el margen que les queda para competir es igualmente escaso. Y, segundo, que con la bonita palabra "armonización", lo que quieren decir los socialistas, como bien ha advertido desde Vox el dirigente liberal Espinosa de los Monteros, es la censurable pretensión de "igualar por arriba" la presión fiscal en todas las comunidades. En este sentido, sí cabe advertir —como también ha hecho Espinosa de los Monteros para evitar el riesgo de déficit y de endeudamiento público— que esta encomiable competencia a la hora de reducir a la baja los impuestos debe ir acompañada de una no menos elogiable propuesta de reducción de gasto improductivo o que sólo tiene como finalidad la de generar redes clientelares a cargo del contribuyente. Por lo demás, y junto a la encaminada a crear empleo productivo a la que tanto contribuye, no hay política más "social" que la destinada a reducir los impuestos a los ciudadanos.