Dice una popular frase hecha que "no hay boda sin la tía Juana". Llevado al panorama mediático podríamos decir que no hay semana sin polémica de Yolanda Díaz. Este verano presentó "sumar", su "proceso de diálogo", ha cargado contra el BCE por subir los tipos de interés, ha vuelto a anunciar subidas del Salario Mínimo Interprofesional y ha propuesto intervenir los precios de alimentos básicos. Esta última propuesta le ha llevado a una polémica en la que ha embarcado a Carrefour y se ha ganado el rechazo de todo el sector de la distribución.
Pues bien, curiosamente a medida que se apaga en los medios la polémica por la cesta de alimentos "báxicos" (según dijo literalmente Díaz) la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo se ha buscado un nuevo caballo de batalla: su vieja lucha contra las empresas de reparto a domicilio. Una guerra que terminó con una de estas empresas, Deliveroo, abandonando el país y con buena parte de los repartidores –principales afectados de su cruzada- en contra de la Ley que obliga a las empresas de reparto a contratar como personal laboral a los repartidores (que antes eran autónomos que podían prestar sus servicios a una o varias plataformas, con libertad de horarios y toda la flexibilidad del mundo).
Pues bien, Díaz rescataba una polémica surgida el pasado mes de marzo cuando la compañía de reparto de comida a domicilio Uber Eats le remitía una carta en la que se quejaba de los problemas que, desde la aprobación de la llamada "Ley Riders", sufren compañías como la suya, e insinuaba si no tendrían todas las empresas que compiten en ese sector que hacer lo mismo que Glovo, quien todavía mantiene una alta plantilla de autónomos.
Así, y preguntada hoy en la SER por este asunto, Yolanda Díaz, ha aprovechado el momento procesal de un antiguo expediente de la inspección de trabajo para anunciar a bombo y platillo que habían sancionado a Glovo con 79 millones de euros por tener a falsos autónomos.
Sin embargo, fuentes de la compañía de reparto consultadas por Libre Mercado aclaran que se trata de un procedimiento que nada tiene que ver con la aplicación de la Ley Rider, ya que es un expediente de la inspección de trabajo a Glovo que comprende el espacio entre mayo de 2018 y agosto de 2021, es decir, justo antes de que se aprobara la famosa Ley Rider.
Además, las fuentes consultadas, añaden que es un expediente que todavía está abierto porque la inspección de trabajo aun no ha permitido que Glovo presente pruebas, alegaciones, explicaciones y análisis de la situación para defenderse. Sencillamente "han presentado su propuesta de sanción" que incluye una parte de regularización de cuotas a la seguridad social y una sanción por cada autónomo.
Es decir, que la famosa multa no es definitiva, al contrario, se trata de una propuesta que tendrá que confirmar un juez después de escuchar y analizar las pruebas que presente Glovo en su defensa.