Era una de las citas esperadas del día. Tras su reunión el jueves con Carrefour, la ministra Yolanda Díaz, acompañada por Alberto Garzón, ha recibido este lunes a la gran distribución. Frente a ella se han sentado la Asociación de Supermercados Distribuidores (ANGED), la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES) y de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS). Tras el encuentro, que Yolanda Díaz ha calificado de cordial, las tres asociaciones han enviado un comunicado conjunto en el que rechazan la cesta de la compra de Yolanda Díaz por ser "inviable y contraproducente".
En su nota, piden a la ministra Díaz que luche contra el alza del IPC y reduzca los costes empresariales que soporta la cadena alimentaria. Además, y después de que Yolanda Díaz comparase su propuesta con las recomendaciones a los supermercados de Sorkozy en Francia en 2004, los distribuidores le han recordado que aquella medida tuvo como resultado la pérdida de confianza del consumidor, así como una bajada importante en la calidad de los productos afectados.
Por si fuera poco, el sector ha puesto encima de la mesa soluciones a los problemas que atraviesan los supermercados y que encarecen los productos a los consumidores. Entre las medidas propuestas por las tres asociaciones destacan:
"La reducción del IVA en alimentos, una moratoria a impuestos medioambientales, el descenso del coste regulatorio y, sobre todo, la reducción del coste de la energía, que amenaza con hacer entrar en pérdidas a empresas de la distribución"
El director general de Asedas, Ignacio García Magarzo, posteriormente ha señalado que no es "útil ni una buena idea" esta cesta de la compra pactada ya que no es coherente con la estructura de la distribución comercial española. Mientras tanto el director general de ANGED, Javier Millán- Astray, ha criticado que se acuse a las grandes distribuidoras de tener grandes beneficios cuando hablan de márgenes de entre el uno y uno y medio por ciento.
Yolanda Díaz dice que no es "intervención"
Los ministros de Trabajo y de Consumo, Yolanda Díaz y Alberto Garzón se han reunido esta mañana con asociaciones de consumidores y de los supermercados para proponerles una cesta de la compra con productos básicos y "sanos", insisten, que puedan pagar las clases más afectadas por la inflación. Pero de dicha reunión no ha salido ningún acuerdo. Al revés, ha salido el compromiso expreso de verse más adelante en una reunión "más larga" (decía Díaz en la rueda de prensa), para proponer y estudiar más medidas. "Tanto las asociaciones de consumidores como las distribuidoras han hecho propuestas múltiples que, por el tiempo de esta reunión, no nos dio tiempo a tratarlos", lo justificaba una Yolanda Díaz estresada por tener que coger un avión con destino a Bali con motivo de la reunión del G20. De lo que no se ha olvidado es de dejar claro, fuera de micrófono, que "no es un control de precios", sino que tratan de conseguir "una cesta de la compra asequible". Lo dice una ministra que hace justo una semana dio este titular en una entrevista en eldiario.es: "Quiero un acuerdo con las distribuidoras para topar los precios de alimentos básicos como el pan, la leche o los huevos".
Lo que ha ofrecido el Gobierno hoy es "una guía de orientación", así lo llama ahora Garzón, para que los grandes comercios bajen los precios. Y queriendo mostrar que marcan distancia con lo que cada uno de ellos decida hacer, sí que han reclamado una cesta de la compra básica y de calidad con "productos frescos, carne, pescado, huevos, hortalizas y lácteos", además de productos para celiacos. Pretenden que esté disponible hasta después de Navidad y sean los comercios los que decidan qué alimentos incluir. "Las ofertas comerciales y la composición de cada cesta les compete a las empresas", "nosotros lo que hacemos es presionar" en favor del acuerdo, reiteraba Alberto Garzón.
Y ante la insistencia de los periodistas por la inutilidad de la medida, Díaz se ha querido fijar solo en los consumidores. "Me he encontrado con un pensionista que ganaba 1.100 euros de pensión y me ha dicho: "Yolanda, seguid peleando por esta cesta de la compra porque tengo enormes dificultades para hacerla", y así justificaba su medida estrella. Según las palabras de Alberto Garzón, se trata de "proteger el poder adquisitivo de las familias trabajadoras", si bien se olvida por el camino de los pequeños comerciantes, en pie de guerra desde que conocieron los planes del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El pequeño comercio (que es el que defiende Yolanda Díaz, por ser usuaria del mismo, afirma) no ha sido invitado a la reunión.
Las grandes distribuidoras en el punto de mira del Gobierno
El ministro de Consumo, actor secundario en un asunto que debería ser de su competencia, decidía tomar la palabra para cargar contra las distribuidoras: "El esfuerzo lo pueden hacer las grandes distribuidoras", insistía Garzón quien no ha dudado en arremeter contra los beneficios empresariales. "Hay grandes distribuidoras que han tenido centenares de millones de euros de beneficio e incluso reparto de dividendos, y entendemos que es ahí donde está el margen para que puedan congelar los precios", aseguraba Garzón, llevándole la contraria a Yolanda Díaz que, minutos después aseguraba que no se habla de limitar precios.
Pero lo que está claro es que el Gobierno quiere que sean las grandes cadenas de supermercados las que paguen la rebaja en la compra de los españoles. La propia Díaz aseguró lo siguiente en la entrevista donde hizo saltar todas las alarmas: "Los oligopolios de nuestro país no sólo están en el sector bancario o en el energético, tenemos cinco grandes distribuidoras que concentran el 50%", indicó.
Aseguran que es legal
"La propuesta es completamente legal", comenzaba su intervención la vicepresidenta segunda del Gobierno, para apagar los fuegos provocados por ella misma días atrás. El viernes pasado ya advirtió la Comisión nacional de los Mercados y la Competencia de que cualquier acuerdo entre operadores para fijar precios máximos en algunos alimentos está prohibido por ley. También ministros de su propio Ejecutivo se encargaron la semana pasada de alertar de la ilegalidad de la medida. Por lo que Díaz ha querido cambiar su discurso y ya no hablar de limitar precios. En el caso de este lunes ha aludido a algunas excepciones establecidas en la propia ley de Comercio.
Al no tratarse de una ley, el ministro Garzón ha recordado que el Gobierno solo puede "ofrecer una guía", pero que son las empresas las que deciden al final cómo, cuántos y qué productos incluyen en esta cesta básica. No está de más recordar que la semana pasada , tras reunirse con la distribuidora francesa Carrefour, tanto Garzón como Díaz alabaron el buen entendimiento con su director. Hoy, sin embargo, tras conocer el contenido de esta supuesta cesta básica (que no tiene ni un solo alimento fresco) no han querido valorarla.
