Lejos de lo que probablemente esperaba el PSOE, las víctimas de la okupación rechazan de plano la medida planteada por el Gobierno para tratar de solucionar esta lacra. La razón es muy sencilla: aunque se presenta como una modificación del artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para echar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas, la realidad es que, en la práctica, apenas cambiará nada.
"El gravísimo problema de la ocupación no se soluciona poniendo una tirita en la herida superficial. Se ataja en la prevención y en las medias efectivas para curar la hemorragia -advierte la Plataforma de Afectados por la Ocupación-. Rechazamos este tipo de medidas electoralistas que lo único que pretenden es ganar votos en lugar de atajar el problema".
En un durísimo comunicado hecho público este jueves, las víctimas aseguran que la reforma planteada por el PSOE es "totalmente insuficiente" y lo único que parece buscar es "un lavado de imagen de un partido que ha negado la ocupación hasta hace pocos días, y, sin embargo, por sorpresa, presenta una propuesta planteada por otros grupos y que nunca ha considerado".
¿Pero no era un bulo?
En este sentido, la plataforma recuerda que, hasta hace unos días, el PSOE se había subido al carro del juez Diego Álvarez de Juan, insistiendo "recurrentemente en la falsa alarma de la okupación, en el buen funcionamiento de las herramientas judiciales para atajar el problema y en considerar fomentadores de bulos a quienes exponían su situación en medios de comunicación".
De esta forma, entienden que los socialistas se enmiendan a sí mismos con esta propuesta. Algo que celebran, a pesar de defender que la medida es "insuficiente para ubicar al PSOE en la lucha frontal contra la ocupación".
La cara b de la propuesta
Desde su punto de vista, la modificación que plantean los de Pedro Sánchez tiene dos carencias y un problema. Las carencias son evidentes: sigue sin haber soluciones para revertir los daños causados al propietario y se sigue obviando "la nueva forma de okupación que se niegan a reconocer: la inquiokupación".
Tal y como ha ido dando cuenta Libre Mercado, este nuevo fenómeno -protagonizado por inquilinos que dejan de pagar el alquiler, pero se niegan a abandonar la vivienda- es el que más está creciendo en nuestro país y, sin embargo, al considerarse un mero incumplimiento del contrato de arrendamiento no sólo queda al margen de la vía penal, sino que ni siquiera ha merecido hasta ahora la atención del Gobierno.
Pero incluso si nos ceñimos a los casos a los que se dirige la propuesta del PSOE -allanamiento de morada y usurpación-, la Plataforma de Afectados por la Ocupación, coincide con la Policía y los abogados en señalar la gran trampa que esconde: el desalojo en 48 horas no afectará a las personas vulnerables.
Falsos vulnerables
"El deseo de proteger a quienes más sufren se está convirtiendo en la llave de acceso a aquellas familias ‘falsas vulnerables’ para okupar e inquiokupar viviendas", alertan las víctimas, que ponen de manifiesto el gran número de okupas que trabajan en negro precisamente para acogerse a los requisitos marcados por el Gobierno. Los casos narrados en LM en los últimos años ponen de manifestó esta creciente realidad, que corroboran los agentes que acuden a los domicilios.
"La mayoría de los okupas son delincuentes que, al menos sobre el papel, no tienen ningún tipo de ingresos, así que se les podría considerar vulnerables, pese a que tú sabes perfectamente que extraoficialmente a lo mejor ganan el triple o el cuádruple de lo que ganamos nosotros, pero claro… ¿Cómo justificas eso? -se preguntaba en Libre Mercado Pablo Pérez, portavoz de Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional-. Es muy complicado y, por tanto, yo creo que todo va a seguir igual. Esto es más una tirita de cara a la galería que una normativa que busque la eficacia".
Según la abogada Isabel Gambín, socia fundadora del despacho Gambín&Jiménez, son los Servicios Sociales los que deben certificar si los okupas son o no vulnerables. Sin embargo, "están colapsados" y eso, unido al largo proceso que sigue para analizar cada caso, hace que sea "literalmente imposible" que los jueces puedan tomar una decisión en 48 horas.
Las verdaderas víctimas
La cláusula de la vulnerabilidad es el as bajo la manga que el PSOE se ha guardado para tranquilizar a sus socios de Podemos. Sin embargo, eso es precisamente lo que hace que la medida no sirva para nada, ya que, en último término, son los propietarios los que asumen los gastos derivados de mantener en su casa a los okupas hasta que se les busque una alternativa habitacional, algo que, según denuncia la Plataforma de Afectados por la Ocupación, se acaba prorrogando durante años "ante la inexistencia de vivienda social".
"Se transmite una imagen de un Gobierno que apoya a las familias vulnerables, pero en realidad esa responsabilidad recae, ante su impotencia, en familias que poseen una pequeña propiedad y que, incluso, deben de asumir los gastos de suministros ante la amenaza de ser denunciados por coacción", denuncian. Precisamente por eso, insisten en que, a pesar de que la propuesta del PSOE parezca una gran medida, la realidad es que no es más que un titular que busca "ganar votos en lugar de atajar el problema".