En los últimos días, la izquierda política y mediática ha tratado de desacreditar a las distintas asociaciones que alertan del aumento de la okupación en España, asegurando que se trata de un "bulo". Lo ha hecho con la ayuda del juez Diego Álvarez de Juan, que ha asegurado que este tipo de delitos son residuales. Sin embargo, lo que realmente hay detrás de sus palabras es una confusión -interesada o no- de conceptos, aprovechando el desconocimiento de gran parte de la población, así como la diferencia que existe entre el lenguaje jurídico y el lenguaje coloquial que habitualmente usa la gente.
Para el ciudadano de a pie, el okupa es aquel que se mete en una casa que no es suya y se niega a abandonarla. Da igual quién sea su dueño, si está habitada o no, o si se trata de un inquilino que ha dejado de pagar y no quiere irse. Sin embargo, en términos jurídicos, estaríamos al menos ante tres delitos totalmente diferentes: allanamiento de morada, usurpación e inquiokupación. La clave de la polémica originada reside en que, mientras aquellos que le hacen el juego al Gobierno se centran en las dos primeras modalidades, ignoran la última, que es precisamente la que, según la Plataforma de Afectados por la Ocupación, se ha incrementado de manera escalofriante en los últimos años.
Allanamiento vs. inquiokupación
Lo que el magistrado Álvarez de Juan califica de residuales son los delitos de allanamiento de morada. Esto es, el que comete aquel individuo que entra por la fuerza en una casa que constituye la vivienda habitual de otra familia y se niega a abandonarla. En este caso, según defendió en el programa Espejo Público de Antena 3, "el desalojo es casi inmediato".
Sin embargo, lo que denuncia la Plataforma de Afectados por la Ocupación -la más significativa a nivel nacional y la que más movilizaciones ha convocado en los últimos meses- es que esa okupación que todos temíamos hasta hace unos años ha dado paso ahora a otra modalidad mucho más peligrosa como es la inquiokupación: inquilinos que, de un día para otro, dejan de pagar y se niegan a abandonar la vivienda.
De esta forma, los propietarios se convierten en víctimas de un proceso que, tal y como dan cuenta las numerosas historias publicadas por Libre Mercado, puede alargarse durante años, un tiempo en el que no sólo no reciben ni un solo euro, sino que, además, son ellos los que tienen que hacer frente a todos los gastos de suministros que ocasionan los okupas.
La manipulación de las estadísticas
El problema es que este tipo de delitos no van por la vía penal, sino que, al considerarse un mero incumplimiento de contrato, se siguen en la vía civil. Esa es la explicación por la que no aparecen recogidos en las estadísticas de okupación en España, algo de lo que se aprovechan los medios de izquierdas para manipular la realidad y decir que se está generando una alarma social injustificada.
En esta línea, cabe señalar, por ejemplo, la noticia publicada por el diario Público esta misma semana: "La Fiscalía también desmonta la falsa alarma sobre los "okupas". Bajo este llamativo titular, el periódico se refería a dos tipos de delitos: el ya mencionado allanamiento de morada -que, efectivamente, ya es minoritario- y el de usurpación, aquel que comete el que okupa una vivienda o edificio deshabitado en contra de la voluntad de su titular.
Sobre esta última modalidad, resaltaba que "en 2021, se incoaron 9.739 procedimientos judiciales por usurpación de viviendas, solo nueve más en 2020". Estos datos ya de por sí no reflejan la realidad, por cuanto esa coletilla de "en contra de la voluntad de su titular" hace que no se contabilicen miles de casos de viviendas de bancos o grandes tenedores que tardan mucho tiempo en denunciar o incluso ni siquiera lo hacen si el inmueble no les interesa, pero que, sin embargo, provocan graves daños colaterales a sus vecinos.
En cualquier caso, lo más grave de la manipulación mediática es que periódicos como Público evitan aclarar que las estadísticas de la Fiscalía no incluyen los miles de casos de inquiokupación que, como ya hemos mencionado, se dirimen en la vía civil, al considerarse un mero incumplimiento del contrato de arrendamiento. "Utilizan los datos a su favor manipulando la información, porque solo se centran en los juicios penales", denuncia Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación.
La ceguera de la clase política
Una visión sesgada que, a su juicio, viene amparada por la propia clase política. "En general, la sociedad siempre va más rápido que los legisladores y este caso es un ejemplo más: los políticos siguen discutiendo sobre el allanamiento de morada, cuando en los últimos años hemos visto que la inquiokupación ha ido aumentando en detrimento de la primera. Ahora mismo, lo más fácil es entrar en una casa con un contrato de alquiler y luego dejar de pagar y, aunque desde el punto de vista jurídico se considere un incumplimiento del contrato, está claro que es una okupación en toda regla".
El código penal considera okupación el asentamiento en un domicilio sin autorización del propietario o sin título para ello. En este sentido, Bravo es consciente de que les pueden reprochar que los inquiokupas sí tienen contrato. Sin embargo, insiste en que eso no es justificación: "Si no pagas, no lo estás cumpliendo y, además, es que, en muchos casos, ya ha finalizado el contrato y siguen dentro, por lo tanto, ya no es un título válido. Y no sólo eso, sino que es que hay gente que directamente entra sin ninguna intención de pagar".
El "drama" de miles de familias
Con todo, desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación piden a políticos y medios de comunicación que dejen de discutir sobre si hay o no alarma y piensen en si el sufrimiento de todas estas familias merece o no una respuesta. "Se tiene la idea de que aquel al que le okupan una vivienda de alquiler es porque le sobra, pero estamos hablando de mucha gente que está viviendo un auténtico drama", denuncia Bravo.
Se refiere así a propietarios que se han quedado en el paro y necesitan ese dinero, gente que se ha separado y solo tiene esa vivienda o personas que han tenido que irse a trabajar a otra provincia y necesitan alquilar su casa para poder pagar su nuevo hogar. Todas esas personas no sólo se ven inmersas en un grave problema económico -porque ya no es sólo lo que dejen de ganar, sino los suministros que, en muchos casos, han de pagar a sus okupas-, sino que, además, la mayoría termina sufriendo graves problemas psicológicos.
"Y lo peor es que encima tenemos que luchar contra la opinión de toda esta gente que nos niega, que niega nuestro sufrimiento -lamenta, indignado-. Esto no pasa con otro tipo de delitos. ¿Por qué aquí se duda de la víctima?"