Pablo Cambronero Piqueras es un diputado del grupo mixto que antes integraba las filas de Ciudadanos. Desde su modesta posición, interroga cada semana con nuevas preguntas al Ejecutivo, tratando de resolver ineficiencias y sacando a relucir evidentes problemas de gestión que no por pequeños o aparentemente anecdóticos, dejan de ser importantes.
"En el Consejo de Ministros de hoy se conceden 20 millones de euros a JAIDA S.A, empresa vinculada al Gobierno de Marruecos. Dicen que es para erradicar la pobreza en Marruecos", se quejaba esta misma semana en Twitter, Cambronero.
🔴 En el Consejo de Ministros de hoy se conceden 20 millones de € a JAIDA S.A, empresa vinculada al Gobierno de Marruecos.
Dicen que es para erradicar la pobreza en Marruecos.
¿Aquí no tenemos pobreza, @sanchezcastejon? ¿Es otro pago a Marruecos por algún motivo?
Veremos… pic.twitter.com/Cr8xHgx1YL
— Pablo Cambronero 🇪🇦🇪🇸 (@PabloCamPiq) October 11, 2022
Y esta queja tiene un sentido especial, ya que hace unas semanas cursó una pregunta con solicitud de respuesta por escrito al Gobierno a tenor de la decisión del Ejecutivo de no incluir en el catálogo de medicamentos de la Seguridad Social un fármaco, aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y en marcha en otros países de nuestro entorno capaz de tratar con cierto éxito el cáncer de mama metastásico, de los más dañinos de su categoría. La respuesta del Ejecutivo, básicamente, fue que no lo introdujo por ser muy caro.
En la imagen se extrae el párrafo en el que el Gobierno justifica la no financiación del medicamento. Se trata del medicamento Trodelvy 200 mg polvo para concentrado para perfusión, que ha demostrado efectividad en la lucha contra uno de los cánceres de mama más agresivos, concretamente el cáncer de mama triple negativo localmente recurrente irresecable o metastásico.
Cada año en España se diagnostican más de 30.000 cánceres de mama, de los que entre el 10% y el 15% son triple negativo irresecable o metastásico. La supervivencia a este tipo de cáncer a los 5 años desde su diagnóstico es de entre un 5 y un 15%.
Negar la esperanza de vida
Según publicaba Gaceta Médica, el tratamiento con Trodelvy demostraba prolongar un 70% más la esperanza de vida frente al tratamiento con quimioterapia, triplicar la supervivencia libre de progresión (4,8 frente a 1,7 meses) y multiplicar por siete la tasa de respuesta (31% frente al 4%).
Lo triste es que el caso de Trodelvy no es el único. Fuentes consultadas por Libertad Digital explican que este caso no es aislado ni el peor de todos, ya que los tratamientos alternativos ofrecen prestaciones más o menos similares. Más llama la atención el caso del uso de Nivolumab + ipilimumab, un tratamiento de primera línea para tratar el cáncer renal metástasis o riesgo intermedio/pobre. Este fármaco duplica la esperanza de vida de los pacientes respecto al medicamento que se utilizaba hasta el momento: 47 meses frente a los 26 que había hasta el momento.
Pues bien, este medicamento fue aprobado por la EMA en noviembre de 2018, la sociedad española de oncología recomienda su uso en 2019 y no es hasta octubre de 2021 cuando se autoriza su inclusión en el sistema público de salud.
Este fenómeno no es nuevo, ni ajeno a la industria, que recoge desde hace tiempo la queja por la tardanza en España a la hora de incorporar nuevos medicamentos a nuestro sistema de salud. Es más, lo que tiene detectada la industria es que cada año empeora el acceso a nuevos medicamentos.
Un problema enquistado y creciente
Según el informe anual de indicadores de acceso a terapias innovadoras en Europa (W.A.I.T. Indicator) elaborado por la consultora Iqvia para la Federación de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA) analiza las autorizaciones de la Agencia Española del Medicamento entre 2017 y 2020 y el tiempo medio que transcurre desde que un nuevo medicamento es aprobado por las autoridades europeas hasta que está disponible para su uso en distintos países europeos. En España, a finales de 2021 el retraso es de 517 días, más de 17 meses de demora. En Alemania el tiempo de demora es de 133 días, en Francia de 240 o en Inglaterra de 340.
Además, España dispone de menos nuevos fármacos que los países de referencia en Europa como Alemania o Francia. Sólo 1 de cada dos (el 53%) fármacos aprobados por la EMA llegan al sistema nacional de salud, frente al 92% en Alemania, el 77% de Italia, el 68% de Inglaterra y el 66% de Francia. Igualmente, en esta estadística vamos cada año peor.
Esta realidad que refleja el informe WAIT se traduce en ejemplos como los comentados respecto a los medicamentos contra el cáncer que España ha decidido no introducir en el sistema nacional de salud o que, en el mejor de los casos, demora su introducción mientras negocia un mejor precio. Una realidad que, quizá para otra categoría, reflejaría una virtud, pero que en esta se traduce en menores prestaciones y esperanza de vida para millones de enfermos.
¿Existe un problema real de presupuesto?
Lo más llamativo que la alusión a un problema presupuestario por parte del Gobierno para no introducir medicamentos que ayudarían a mejorar la esperanza de vida de miles de pacientes es baladí. La estructura de gasto en España es brutal y precisamente el sistema sanitario no es el que más recursos se lleva.
Para 2023 el gasto público previsto por el Gobierno según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado es de 583.543 millones. Para Sanidad el presupuesto consigna 7.048, un 1,2% del presupuesto. Sumado con las partidas destinadas a sanidad por las Comunidades autónomas, el gasto público dedicado a Sanidad para el próximo año será alrededor del 50% de las transferencias a las comunidades autónomas, lo que alcanzará los 33.000 millones, con lo que sumado a los 7.000 del ministerio de Sanidad sumamos una inversión aproximada de 40.000 millones de euros en sanidad. Es decir, que sólo el 6,8% del gasto público va destinado a sanidad.
¿Y en qué otras cosas se gasta el dinero el Gobierno?
Podríamos pensar que las partidas gruesas serían las de educación y pensiones. No en el caso de la educación, sí en el de las pensiones. Para pagar a nuestros jubilados en Gobierno va a destinar unos 190.000 millones y en educación unos 20.000 (entre Gobierno y CCAA). Es decir, que en Sanidad, Educación y Pensiones se irán unos 251.000 millones. Hasta los 583.543 millones de gasto público total todavía quedan 332.542 millones.
¿Y de ese restante se puede recortar en otras partidas para aumentar en sanidad o para rebajar la terrible cuña fiscal que sufren los contribuyentes españolas? Sólo daremos tres datos, el incremento presupuestario que han sufrido los ministerios de Igualdad, Derechos Sociales o Consumo. El presupuesto para el Ministerio de Ione Belarra crece un 17,2% en 2023 después de anotarse un incremento del 20% en 2022. El de Irene Montero crece un 14,6% en 2023 después de anotarse una subida del 14% en 2022 y el de Garzón crece un 14,9% después de anotarse una subida del 46% en presupuestos en 2022. Entre los tres suman un presupuesto de 6.028 millones de euros sumando el presupuesto nacional con los fondos europeos.
