El afán confiscatorio es uno de los pilares del Gobierno de coalición entre socialistas y comunistas que preside Pedro Sánchez, cuya política económica no tiene más objetivo ni sentido que extorsionar a los contribuyentes, esquilmar a familias y empresarios y someter cualquier actividad económica a las garras de una administración fiscal, tan voraz como insaciable. La recaudación de impuestos es la principal actividad "productiva" del Ejecutivo, el único logro auténtico de un Gobierno cuya pólvora del rey son los bienes y ganancias de las personas que tratan de salir adelante a base de un trabajo que es sistemáticamente depredado por unos servicios fiscales cuya dotación de medios humanos y materiales es, en proporción, mucho mayor que la destinada a elementos básicos como la sanidad, la educación, la seguridad y la defensa.
Las campañas del ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria para recaudar más impuestos nada tienen que ver con la persecución del fraude fiscal. Persiguen a los ciudadanos indefensos, a los empresarios que tratan de estar al día de sus obligaciones tributarias, a quienes pagan a toca teja, a los que pretenden crear empleo, distribuir riqueza, generar estabilidad económica e invertir sus magras ganancias en un país cuyo Gobierno no está precisamente interesado en fomentar el bienestar sino en financiar sus estructuras, sus operaciones propagandísticas y sus desmanes. Y cuenta para ello con un despliegue de medios y tecnología que deja a los contribuyentes en la más absoluta indefensión, víctimas de políticas fiscales que son pura y dura extorsión.
Los medios tecnológicos desplegados, por ejemplo, para la caza de construcciones no declaradas contrastan con las condiciones materiales de otros servicios públicos, precisamente aquellos en los que se debería advertir la eficacia del rigor fiscal de la Agencia Tributaria. Y más aún contrastan con las donaciones de más de cien millones de euros a personajes como Bill Gates con la excusa del "cambio climático". Pero mientras los funcionarios de Hacienda gozan de toda clase de sistemas y facilidades para llevar a cabo su tarea, otros servidores públicos se ven privados de las más elementales herramientas para su trabajo. Tarjetas sanitarias que no funcionan cuando se traspasan las "fronteras" regionales, policías sin chalecos antibalas, escuelas sin materiales y familias y mayores desprotegidos. La conclusión es obvia. El afán recaudatorio del Gobierno nada tiene que ver con la mejora de la función pública, con los servicios a la ciudadanía o con la redistribución racional de la riqueza. Se trata, en realidad, de alimentar ineficaces monstruos del Estado, las campañas de propaganda del Gobierno, sus absurdas medidas para paliar la inflación que no hacen más que engordar la espiral recesiva. El objetivo es sumir a la mayor parte de la población en la dependencia, ahuyentar a los inversores y reducir de manera dramática el valor del trabajo.
La política fiscal del Gobierno es una de las auténticas causas de la crisis, el paro y la inflación, un instrumento que contribuye a endurecer el efecto de los factores externos, como el coste de la energía, los problemas en las cadenas de suministros y la invasión de Ucrania. Lejos de facilitar los elementos para combatir las turbulencias económicas, Hacienda es un factor negativo que se maneja al margen de normas como la presunción de inocencia o la tutela judicial efectiva. Las leyes son papel mojado cuando se trata de la Agencia Tributaria, que dispone de impunidad absoluta y funciona con procedimientos que vulneran los más elementales principios del Estado de Derecho. Las colas del hambre, los desahucios y la miseria de millones de ciudadanos son consecuencia de una fiscalidad que prima la confiscación por encima de la redistribución equitativa. Cuantos más medios se disponen a favor de la recaudación más medios se distraen del bien común y más grande es el diferencial entre lo que se obtiene y lo que se redistribuye. La eficacia fiscal no es robar más, sino repartir mejor.