Cuando se abordan casos de okupación, muchas oenegés y partidos políticos, como Podemos, tienden a hacer un llamamiento a la comprensión, apelando a la supuesta vulnerabilidad de los okupas. Sin embargo, pocas veces se habla de la vulnerabilidad a la que éstos condenan a sus víctimas. El caso de Gala es un buen ejemplo.
En 2019, esta madre soltera decidió comprar un piso en un pequeño municipio cercano a Barcelona con la intención de irse a vivir allí con su hija. Con el fin de ahorrar algo de dinero, optó por quedarse un tiempo viviendo en casa de unos amigos y alquilar las habitaciones a gente que únicamente necesitaba pasar allí unos meses. Lo que jamás imaginó es que aquella decisión acabaría sumiéndola aun más en la ruina por culpa de unos okupas que se sirvieron de su nacionalidad ucraniana y de las mentiras de las plataformas y sindicatos antidesahucios.
De inquilinos a inquiokupas
Los problemas comenzaron en marzo de 2020. Después de un mes en su piso, la última familia que había llegado le dijo que se iba. Su sorpresa llegó al ir a recoger las llaves. "Habían cambiado la cerradura y, aunque al principio intenté hablar con ellos, al final no tuve más remedio que llamar a la Policía", explica Gala. Los agentes, sin embargo, no pudieron hacer nada: "Se presentaron allí el mismo día, pero, según me dijeron, les mostraron un contrato en el que ponía que me habían pagado por adelantado varios meses o un año". Era un contrato falso, pero nadie se encargó de comprobarlo y aquello les sirvió para salirse con la suya.
Tras acudir a los tribunales, en septiembre de 2021, Gala consiguió por fin que la Justicia le diera la razón. El desahucio se fue retrasando por diversas cuestiones, hasta que la fecha se fijó finalmente en mayo de este pasado año. Con lo que Gala no contaba era con la presión y la manipulación de las distintas plataformas que apoyan a los okupas.
Las plataformas antidesahucios
"Cuando llegamos con la comitiva judicial, nos encontramos a mucha gente de sindicatos y asociaciones que decían que la casa era de un banco y que los que estaban dentro eran una familia vulnerable", recuerda indignada. Aprovechando que la mujer era ucraniana, se aferraron al relato de que era gente que había venido a España huyendo de la guerra: "Era mentira, llevaban aquí dos años -subraya Gala, cuya madre también es ucraniana- Los okupas son ellos y la vulnerable soy yo"
Sin embargo, el revuelo que organizaron entre otros el llamado Sindicat d’Habitatge de Cataluña les sirvió para ganar tiempo una vez más. "La Policía nos dijo que había mucha gente, que eran muy agresivos y no podían asegurar nuestra integridad, así que insistieron en que lo mejor era que nos fuéramos", relata Gala, que denuncia que la mencionada plataforma también se haya encargado de acosar a sus vecinos para que no firmen una petición de desalojo. "Pero luego ningún miembro de estos sindicatos quiere alojar en su piso a los okupas. Qué raro, ¿no?", ironiza.
¿Quién es el vulnerable?
Tras la suspensión del último lanzamiento, el juez fijó una nueva fecha para el próximo mes de noviembre, pero, después de dos años y medio con su piso okupado, Gala ya está desesperada. "Ellos tienen familia en Cataluña, podrían irse a vivir con ellos, pero yo no tengo a nadie. Sólo tengo a mi hija menor de edad y ni siquiera tengo trabajo", lamenta.
Mientras busca un empleo, sus allegados y su expareja la ayudan como pueden a pagar los 600 euros de hipoteca del piso okupado, más el alquiler de la casa en la que vive con su hija de 13 años. Sin embargo, no esconde su indignación porque quien realmente puede y debe hacer algo permanezca de brazos cruzados. "Me falta el apoyo del Estado al que pago impuestos. No tengo ninguna protección frente a la gente que me ha robado el piso", denuncia. Su impotencia la ha llevado a unirse a la Plataforma de Afectados por la Ocupación, de la que ya forman parte cientos de víctimas de esta lacra en toda España.