El Mundial de Fútbol ya está en marcha. El encuentro disputado el pasado domingo por los combinados nacionales de Qatar y Ecuador sirvió como pistoletazo de salida del torneo más esperado del deporte rey. Por delante, un total de 64 partidos que se podrán seguir a través de la cadena pública RTVE y de la plataforma de pago Movistar+.
Curiosamente, a pesar de que la corporación estatal RTVE llegó a un acuerdo con Mediapro para comprar un paquete de derechos que incluye los partidos de la selección española y una docena de encuentros más, de momento, no ha trascendido cuál es la cuantía de recursos públicos que se van a desembolsar a cambio de dichas retransmisiones.
Ante las preguntas formuladas en el Congreso de los Diputados, el ente responsable de La 1 y demás canales ha accedido a divulgar la cifra final del acuerdo suscrito con Mediapro. Sin embargo, será preciso esperar hasta el final del torneo para conocer el montante final. Una falta de transparencia que ha generado malestar entre los operadores privados que compiten con RTVE en el sector audiovisual.
En principio, Mediapro quería obtener 50 millones de euros por los derechos del Mundial que se disputa en Qatar. Sin embargo, las propuestas formuladas por Mediaset y Atresmedia se situaron lejos de esta cifra, en una horquilla comprendida entre los 25 y los 30 millones. De ahí viene el enfado de dichas compañías privadas con el ente público, puesto que RTVE habría desequilibrado la negociación, ofreciendo alrededor de 35 millones. Tales cifra se pueden sostener solamente por la naturaleza deficitaria bajo la que opera la corporación.
Dicho de otro modo: el hecho de que el sector público haya ofrecido más que los operadores privados del sector ha tenido un efecto distorsionador, puesto que permitido que Mediapro venda los derechos a un precio que supera holgadamente las cifras que el sector privado puede ofrecer.
Estamos, pues, ante un ejemplo de competencia desleal que reabre el debate sobre el alcance del concepto de "servicio público" que, en teoría, debe prestar RTVE. Y es que, si Mediaset y Atresmedia querían emitir la competición en abierto, ¿qué derecho a la información está salvaguardando la corporación estatal? Evidentemente, ninguno.
Y la cosa podría haber sido aún peor, puesto que la corporación estatal pretendía contratar publicidad asociada a las retransmisiones, pero un recurso planteado ante la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha evitado que así sea. La solicitud, formulada por la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) y Mediaset, ha evitado que la distorsión del mercado por parte de RTVE sea aún mayor.