Los planes de Teresa Ribera para impulsar las energías renovables en España se llevaron este martes un serio varapalo, a pesar de las facilidades, que van a ir a más, para estas instalaciones. La cuarta subasta para la asignación del Régimen Económico de Energías Renovables (REER), que se celebró este martes, se cerró con la adjudicación de 45,5 megavatios (MW) de los 3.300 MW que se pusieron en juego, lo que supone un ínfimo 1,37%.
En concreto, se subastaba una potencia de 3.300 MW para doce años, de los cuales 1.800 MW estaban reservados para la tecnología fotovoltaica y 1.500 MW para la tecnología eólica. Sólo se adjudicaron 20 MW para Elawan y 25,5 MW para Nearco Renovables (Forestalia). El precio medio pactado fue de 42,78 euros/MWh, con un máximo de 45,12 euros/MWh y un mínimo de 39,88 euros/Mwh. La anterior subasta de este tipo celebrada el pasado 25 de octubre ya dejó sin adjudicar buena parte de los megavatios en juego.
El Gobierno culpa a la guerra de Ucrania
Las subastas responden al cumplimiento de los objetivos de renovables del Gobierno, incluidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que prevé la instalación de unos 60 gigavatios (GW) de potencia renovable, con el objetivo de llegue a producir un 74% de toda la electricidad del país. El resultado del martes supone un mazazo para el Ministerio de Transición Energética, que se apresuró a atribuir lo ocurrido a la inflación y la guerra de Ucrania.
Ante los diputados, Ribera aludió a lo sucedido pidiendo "tranquilidad" y asegurando que aunque quedara desierto el 98,5% de la potencia subastada eso "no significa" que "no se vaya a instalar". En su opinión, "sigue habiendo un apetito inversor muy fuerte".
Quejas de las eléctricas
Desde el sector se han mostrado muy críticos con el Ejecutivo. El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, afirmó este jueves que el resultado fue "lamentable". En un foro económico celebrado este jueves, indicó que "aunque la función del Gobierno es lograr un mayor volumen de energía a menor precio debería haber tenido en cuenta el momento en el que estamos".
Ruiz-Tagle se refirió a aspectos que generan inseguridad regulatoria, los incrementos en los costes de generación y los retrasos en la concesión de los permisos administrativos para desarrollar los proyectos. La instalación de renovables "tiene un precio que no es el que se ofreció" para unos contratos que tienen una duración de 12 años.
Mientras, desde la patronal eólica, la Asociación Empresarial Eólica, se quejaron que de que los 47 euros por MWh sólo reflejaba un 53% del valor del futuro 2025. Los empresarios citaron problemas como los mayores precios de las materias primas y de la logística de la cadena de valor del sector, así como la inflación acumulada. Y también lamentaron la falta de proyectos con permisos para su rápida puesta en marcha.
"El bajo ritmo en la tramitación de proyectos y la perspectiva de perder casi 20 GW en proyectos eólicos, porque las administraciones no los han tramitado en tiempo y forma, es otro problema que hay que solucionar para que en futuras convocatorias haya más proyectos compitiendo", señalaron. También lanzaron un aviso a Ribera: "El objetivo de alcanzar 40 GW de eólica para 2025 se antoja complicado".