El ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero sigue avanzando en su apuesta por limitar las competencias que tienen otras capas de la Administración Pública en materia de política fiscal. Esta semana ha salido a la luz una nueva línea de trabajo que atacará las rebajas de impuestos aplicadas por algunas corporaciones locales.
De nuevo, Montero repite el argumento que ya ha venido usando con las comunidades autónomas, según el cual las rebajas de impuestos constituyen una forma de competencia desleal. La propia ministra ha afirmado en el Congreso de los Diputados que ha llegado el momento de "corregir" el marco actual, para evitar que algunos ayuntamientos "hagan una política de bajadas de impuestos" que "puede llevar a un "dumping" fiscal".
Según dejó entrever Montero, los criterios para limitar la capacidad de reducir los tributos locales serían "la centralidad" o "el volumen poblacional". Según este planteamiento, los gobiernos de capitales provinciales o poblaciones de cierto tamaño no deberían tener la posibilidad de bajar sus impuestos. La ministra considera que esto es una "anomalía" que deberá ser corregida "en una futura reforma de la financiación local".
Figuras afectadas
Hay cinco grandes impuestos que dependen de los Ayuntamientos y que pueden verse afectados si prosperan los planes del Ejecutivo. Son los siguientes:
- Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
- Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).
- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), o numerito.
- Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), o plusvalía municipal.
- Impuesto sobre las Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Si, por ejemplo, se limitan las rebajas fiscales aplicadas en el Ayuntamiento de Madrid, la carga adicional que soportarían los contribuyentes de la Villa y Corte se elevaría automáticamente en más de 500 millones de euros, solamente porque se anularían las modificaciones a la baja de dichos gravámenes aprobadas en la presente legislatura. Algo similar ocurriría en todas aquellas localidades de cierto tamaño que se vean afectadas por la ‘armonización’ que pretende imponer Montero en la fiscalidad de las corporaciones municipales.