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El Gobierno indigna a los funcionarios con una evaluación que permitirá apartarles de sus puestos si suspenden

Tanto CSIF como UGT y CCOO muestran su rechazo a uno de los aspectos más controvertidos del anteproyecto de ley de Función Pública aprobado el martes.

Tanto CSIF como UGT y CCOO muestran su rechazo a uno de los aspectos más controvertidos del anteproyecto de ley de Función Pública aprobado el martes.
Una de las últimas manifestaciones convocada por CSIF | Twitter

Los principales sindicatos del sector público han mostrado su rechazo unánime al anteproyecto de ley de Función Pública aprobado este martes por el Consejo de Ministros que, entre otras cosas, introduce una evaluación por desempeño que permitirá apartar de su puesto de trabajo a quienes la suspendan.

"Rechazamos que el Gobierno pretenda de manera unilateral que los funcionarios puedan ser apartados de su puesto de trabajo", denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que exige que se les tenga en cuenta a la hora de establecer los criterios para valorar a los empleados. El sindicato presidido por Miguel Borra ya ha anunciado así su intención de presentar alegaciones al texto elaborado por el Ejecutivo al considerar que "carece de concreción y de las debidas garantías".

Para UGT y CCOO es sencillamente "gravísimo" que se pueda "remover de su puesto de trabajo" a aquellos que han obtenido su plaza por concurso, ya que, según denuncian, la evaluación "puede ser bastante subjetiva" y, además, no se ha negociado con los sindicatos. Así lo advierte la secretaria del sector de Administración General del Estado de FSC-CCOO, Elisa Fernández, que coincide con su homólogo de UGT, Carlos Álvarez, en que se trata de una decisión "gravísima e inaceptable" en la medida en que, si no se establecen unos parámetros y claros y transparentes, "vamos a depender de que le caigas bien o mal a la persona que va a ser tu jefe y que te va a evaluar".

Lo que dice el anteproyecto

El anteproyecto de ley especifica que la evaluación del desempeño será "obligatoria para todo el personal" y tendrá "efectos directos en la progresión en la carrera profesional, en los criterios para la provisión de puestos de trabajo, en la continuidad en el puesto de trabajo, en la percepción del complemento de desempeño y en la valoración de las necesidades formativas".

El texto no desarrolla ningún modelo de evaluación, tal y como denuncian los sindicatos, aunque sí establece "unos principios y criterios orientadores", entre los que cita "la mejora continua y la revisión y seguimiento periódico de los objetivos de este modelo a través de un órgano colegiado creado al efecto que es la Comisión de Coordinación de la Evaluación del Desempeño". Además, el Gobierno asegura que se tendrá en cuenta "la motivación de las personas mediante su implicación", el fomento del trabajo en equipo o la adquisición de nuevas competencias profesionales, entre otros aspectos.

En caso de obtener un resultado negativo, se podrá apartar al trabajador del puesto obtenido por concurso, aunque se especifica que la remoción no podrá activarse en un plazo inferior a los seis meses desde su incorporación. En caso de ser apartado, será adscrito de manera provisional a un puesto de la estructura orgánica conforme a su carrera y en la misma localidad donde desarrollaba la función anterior, por lo que, en ningún caso, se quedará sin empleo.

Un texto plagado de "generalidades"

Más allá de la polémica originada por esta nueva evaluación, lo cierto es que todos los sindicatos se han mostrado muy críticos con el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros. "Parece más un manual de recursos humanos que una futura ley de Función Pública", ha lamentado UGT, que denuncia que se trata de un texto "demasiado básico" y que carece de "una de conexión e incidencia directa sobre empleados públicos".

En la misma línea, CSIF ha reprochado al Gobierno que haya aprobado un anteproyecto plagado de generalidades. "Carece de concreción en aspectos fundamentales, así como de las debidas garantías por la falta de negociación", asegura el sindicato presidido por Miguel Borra, quien considera que el Gobierno ha fallado en tiempo y forma.

"En tiempo, porque se trata de una Ley pendiente desde 2007, cuando entró en vigor el Estatuto Básico del Empleado Público y que el Ejecutivo lo ha aprobado en el último minuto por exigencia de la Unión Europea como condición para acceder a los fondos del Plan de Recuperación", lamenta tras recordar que "el Gobierno ha mantenido paralizada la negociación durante todo el año 2022". Además, según CSIF, el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros "es muy mejorable desde el punto de vista técnico", por lo que ya ha anunciado que presentará alegaciones en la negociación, el trámite de audiencia pública y llegado el caso, en el trámite parlamentario.

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