El turismo y la economía canaria permanecen en vilo ante un posible encarecimiento de los vuelos con motivo de la tasa al CO2 que impone la Unión Europea.
En estos momentos, las autoridades europeas se preparan para endurecer el sistema de comercio de emisiones (ETS) que rige en la UE. A través de este mecanismo, que lleva en funcionamiento desde el año 2005, se pone un precio a las actividades contaminantes, como la industria o el transporte, de forma que, cuanto más CO2 se emite, mayor es la tasa a pagar. El objetivo es que los permisos para contaminar en 2030 sean un 62% menores que los que había en 2005. Y cuantos menos permisos hay, más caros son.
Pues bien, dentro de estas negociaciones, también se está revisando la tasa al queroseno que paga el sector aéreo, y esto podría afectar a las islas Canarias.
Hasta ahora, las regiones ultraperiféricas de la UE, como Canarias, estaban exentas de pagar la tasa verde, en virtud de un acuerdo que rige hasta 2023. De esta forma, todos los vuelos entre estas regiones y cualquier lugar de la Unión quedaban fuera del sistema de comercio de emisiones.
Así las cosas, a comienzos de este mes de diciembre, el Consejo, la Comisión y el Parlamento europeo llegaron a un acuerdo para que las regiones periféricas de Francia, Portugal y España siguieran exentas de las fiscalidad verde en los vuelos hasta 2030. Pero con un matiz: esta exención ya no aplicará a los vuelos internacionales, solamente a los que se realicen entre las propias islas o entre las islas y la nación a la que pertenecen.
Pese a todo, desde Bruselas se han comprometido a que, aunque el sistema comience a aplicar a estos vuelos internacionales, el sobrecoste sea completamente sufragado por la UE. Pero se trata tan solo de promesas, ya que el acuerdo sobre el futuro del mecanismo ETS es aún provisional.
Y esta incertidumbre ha provocado malestar en el sector turístico. Este mismo martes, la Mesa del Turismo de España ha pedido al Gobierno español que defienda en Europa la "excepción canaria" dentro del régimen de comercio de emisiones. Según la asociación empresarial, de aplicarse la fiscalidad verde, tendrá lugar un "considerable incremento" de los costes aéreos y una "amenaza" a la conectividad de las Islas Canarias.
De esta forma, la Mesa de Turismo se suma a la alerta de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que este lunes cuantificó en un millón de turistas internacionales y más de 40.000 empleos las pérdidas potenciales de la supresión de la "excepción canaria". "Si el Gobierno no revierte esta situación puede poner en riesgo la principal base económica de Canarias, su turismo. Canarias perderá competitividad para los turistas europeos que podrían optar otros destinos", afirmó el máximo representante de ALA.
Aun con todo, lo cierto es que las islas Canarias, hoy por hoy, no solo se benefician de los menores costes en materia de tasas al CO2 de los vuelos, sino de una subvención estatal del 75% al precio de los billetes de avión, que se aplica únicamente a los residentes insulares. No obstante, como explicó Libre Mercado, esta ayuda tiende a ser absorbida por las aerolíneas, haciendo que el precio de los billetes se infle para los viajeros no residentes.
