Tras manifestar su más profundo rechazo a las medidas adoptadas por el Gobierno, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) prepara un aluvión de reclamaciones patrimoniales contra el Estado por daños y perjuicios. La entidad -presida por el socialista Joan Clos- ya había denunciado que el Gobierno pretendiese prorrogar el tope del 2% en la actualización de las rentas hasta diciembre de 2023 "sin dar a los propietarios ninguna compensación a cambio", como, sin embargo, sí se ha hecho con los proveedores de energía.
Sin embargo, el Ejecutivo ha ido más allá y, junto a esa medida, ha optado por obligar a los arrendadores a extender de manera forzosa durante seis meses aquellos contratos que expiren entre enero y junio. De esta forma, no solo no podrán echar a sus inquilinos si pensaban hacerlo, sino que, además, tampoco podrán subirles la renta ni siquiera un 2%. "Es por eso por lo que, desde ASVAL, alentamos a todos los propietarios a presentar una reclamación patrimonial contra el Estado por los efectos de estas medidas", asegura la asociación, que se ha ofrecido a canalizar todas las que lleguen antes del próximo 31 de enero.
Así debe ser la reclamación
Los interesados disponen ya de un formulario base que han de rellenar con sus datos personales, así como con la cuantía reclamada: aquella que han dejado de percibir como consecuencia de las medidas aprobadas por el Gobierno. En este formulario -y en cualquiera que los propietarios pretendan presentar por su cuenta- también debe acreditarse la normativa jurídica aplicable para poder apreciar la responsabilidad patrimonial de la administración.
En este caso, ASVAL se ampara en lo establecido en el artículo 32 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público y en el artículo 106 de la CE, que reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público.
Según la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler, aquí concurren todos los requisitos establecidos legalmente para poder apreciar la pretendida responsabilidad:
- La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado.
- El daño ha de ser antijurídico, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo de acuerdo con la ley. Según ASVAL, "la antijuridicidad viene determinada por el carácter expropiatorio de la norma al expropiar el derecho a la propiedad privada y libertad de empresa, y por la vulneración del principio de seguridad jurídica, al imponer un régimen de revisión distinto al ya previsto por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)".
- La relación de causalidad entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, y ausencia de fuerza mayor.
Miles de reclamaciones en marcha
Aquellos interesados en canalizar sus reclamaciones a través de ASVAL podrán enviar sus formularios antes del 31 de enero a secretaria@asval.com. Según una encuesta interna, ya el pasado mes de julio más de 1.000 de sus asociados estaban dispuestos a solicitar una indemnización al Estado. Ahora, creen que la cifra podría haberse multiplicado, ya que las nuevas medidas han terminado por desatar la ira de muchos propietarios que veían el tope a la actualización de las rentas impuesto por el Gobierno como algo temporal.
En este sentido, ASVAL lamenta que el Ejecutivo cargue sobre los propietarios "la responsabilidad del Estado de dotar de vivienda asequible a colectivos vulnerables sin ofrecerles compensaciones a cambio" y recuerda que, como ciudadanos, ellos también están sufriendo los efectos de la inflación.