Los propietarios de viviendas en alquiler ya daban por descontado que el Gobierno prorrogaría el tope del 2% a la actualización de las rentas. Sin embargo, el plan anticrisis aprobado este martes por el Consejo de Ministros escondía otra sorpresa que ha terminado de desatar su ira: la prórroga forzosa durante seis meses de todos los contratos que expiren entre enero y junio de 2023, de tal forma que, aunque tuvieran pensado hacerlo, ya no podrán echar a sus inquilinos, independientemente de que éstos sean o no vulnerables. "Esto supone un nuevo ataque al derecho a la propiedad privada de más de dos millones de propietarios en España, un derecho consagrado en el Artículo 33 de la Constitución Española", denuncia la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL).
"Prorrogar por Decreto todos los contratos para todo tipo de inquilinos, vulnerables o no, es una medida totalmente innecesaria y muy contraproducente", alerta igualmente José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), que asegura que una decisión como ésta únicamente tenía sentido en pandemia, "en una situación de confinamiento domiciliario y casi nula movilidad".
Según explica, esta medida ampara a "inquilinos que ya estaban dando muestras de impagos, de retrasos o de otros incumplimientos contractuales, y a los que, en situaciones normales, ningún propietario prorrogaría los contratos". Ahora, los arrendadores que sufran estos problemas tendrán que soportar la prórroga por 6 meses más, lo que a su juicio "es una situación injusta a la vez que insostenible".
1.800 millones de pérdidas
Según sus cálculos, el tope del 2% a la subida anual de los alquileres ya ha hecho que los propietarios hayan perdido "unos 1.800 millones de euros" en los nueves meses que lleva en vigor. "Ahora, las pérdidas serán mucho mayores, porque los arrendadores no podrán actualizar sus rentas a precios de mercado, perdiendo todavía más poder adquisitivo", advierte Zurdo, que recuerda que "más del 93% de los propietarios son particulares, y este dinero que no van a cobrar, lo necesitan para compensar la elevada inflación, que también les afecta a ellos".
En este sentido, ASVAL subraya, además, que el 75% son particulares "con una o dos viviendas" que utilizan las rentas "para completar sus ingresos o su pensión, y que también sufren los embates de la inflación". Precisamente por eso, unos y otros lamentan que el Gobierno cargue sobre sus hombros un problema que debería ser responsabilidad de la Administración. "Tanto si hay una pandemia, como si se ha disparado la inflación, la política social del Gobierno consiste en lo mismo: que pague el propietario", denuncia José Ramón Zurdo.
Los inquilinos saldrán perjudicados
En cualquier caso, unos y otros advierten de que las medidas terminarán siendo también contraproducentes para los inquilinos, ya que dificultarán "enormemente" el acceso a la vivienda en alquiler. "Gracias a estas medidas, hay cada vez menos oferta, a precios más elevados y cada vez se les piden más requisitos para poder acceder a una vivienda", alerta el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler.
"Los colectivos vulnerables, aquellos a los que se dice proteger con estas medidas, serán los más perjudicados, ya que esta disminución de la oferta dificultará aún más el acceso de estas familias a una vivienda", añade la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler, que recuerda que "son varios los organismos nacionales o internacionales, como el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional, que han señalado las perjudiciales consecuencias de medidas como éstas, que suponen una excesiva regulación en el mercado inmobiliario".