En medio de la polémica por el asalto de la izquierda a la independencia del poder judicial, y coincidiendo con las vacaciones navideñas, el gobierno de España le ha pedido a Bruselas que financie 84.000 millones de euros de gasto adicional con préstamos que saldrán del plan de "rescate" comunitario que componen los fondos New Generation EU.
La urgencia del gobierno por captar más recursos comunitarios contrasta con los ínfimos datos de ejecución de los 78.000 millones que ya se autorizaron en 2020. Los pagos realizados entre enero y noviembre de 2022 han ascendido a apenas 8.237 millones de euros, lo que supone un porcentaje ínfimo de los 28.459 millones que, en teoría, debían desembolsarse a lo largo del ejercicio.
Así las cosas, la ejecución ha sido de apenas un 29% e, incluso si consideramos las obligaciones netas a las que se ha comprometido el gobierno, encontramos que el porcentaje apenas rondaría la mitad del presupuesto consignado para 2022. Lo vemos en el siguiente gráfico elaborado por el economista Santiago Sánchez.
De estos pagos, un 70% se corresponde con transferencias del gobierno central a otras capas de la Administración. Por tanto, no solo hablamos de un porcentaje de ejecución muy limitado, sino que también encontramos que el tejido productivo solo se ha beneficiado directa o indirectamente del 30% de las licitaciones que ha rematado el gobierno.
Santiago Sánchez denuncia incluso que los grandes ministerios inversores, como serían Economía, Transporte, Vivienda o Transición Ecológica, suman porcentajes muy bajos de ejecución, con apenas un 45%. De modo que la petición de 84.000 millones adicionales a Bruselas ha generado indignación entre los diversos gobiernos autonómicos presididos por el PP.
Así, ante el desastroso manejo de los 78.000 millones que ya habían sido autorizados, los gobiernos de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Murcia y Ceuta han insistido en la importancia de revertir "las carencias" de los mecanismos diseñados por la Administración Sánchez, denunciando que esta nueva adenda del Plan de Recuperación ni siquiera está siendo diseñada de la mano de los gobiernos regionales.
En un comunicado conjunto, los responsables de las consejerías de Economía en las citadas regiones recuerdan que la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación no se reúne desde agosto de 2021 y piden que el incremento de los recursos comunitarios, con 84.000 millones de euros de financiación vía deuda, sea gestionado con los gobiernos autonómicos y locales.
Los gobiernos firmantes también han reclamado que se dote de mayor transparencia al proceso de ejecución y que se altere la manera en que se articulan los PERTE, que suman el grueso de los desembolsos previstos. "Queda ya poco tiempo para revertir el mal diseño y la mala ejecución de los fondos europeos", advierten.
El documento señala que el programa está "restando credibilidad al gobierno", porque "la ejecución del Plan es escasa, las reformas pactadas no se cumplen y las convocatorias de los PERTE no alcanzan lo previsto". Sobre este último punto, Santiago Sánchez ha denunciado también que los fondos comprometidos apenas llegan al 16% y, en ámbitos como la economía circular o la microelectrónica, son de un 0%.