El 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, se publicaba en el BOE el nuevo decreto del Gobierno para desmantelar los estudios de impacto ambiental para los grandes proyectos eólicos y solares. Se hizo a escondidas, dentro de un decreto de medidas en respuesta a las consecuencias económicas de la Guerra de Ucrania. Sin embargo, la impunidad era absoluta porque lo hacía avalado por el Reglamento Europeo que para este mismo fin acababa de aprobar el Consejo Europeo.
Hasta 80 plataformas y entidades se han unido en un estudio elaborado por científicos y juristas del Observatorio de Sostenibilidad que demuestra que este decreto y reglamento no son ajustados a derecho y que esos informes medioambientales son completamente necesarios, junto con una regulación específica del sector.
A la medida de los inversores
Luis Bolonio es técnico en biodiversidad ambiental y uno de los autores de ese estudio y tiene claro que "están utilizando el cambio climático y la guerra de Ucrania para saltarse la evaluación de impacto medioambiental que molesta a las grades empresas. Porque es en realidad a quienes molesta, a sus inversiones. No a las renovables".
Bajo la Alianza Energía y Territorio, denuncian que para favorecer esas inversiones, se acorten los plazos. Como sin informe, no hay manera de medir el impacto medioambiental, todo eso que ahora dilataba en el tiempo las concesiones, desaparece. De esta manera, los inversores de un parque solar sólo tendrán que esperar tres meses para una concesión. Un año, si lo que quieren es montar un parque eólico.
"Este reglamento no se ajusta a derecho", ha asegurado Bolonio. "Además, nos lo quieren imponer de una manera muy anti democrática porque se está saltando al Parlamento Europeo que es el que hemos elegido todos", ha añadido.
Vulnera el Derecho español y europeo
Su informe se apoya además en una base jurídica que explica cómo este reglamento europeo, vulnera el paquete de invierno aprobado hace unos años por la Unión Europea. El abogado Abel La Calle explica que, "a pesar de que el Reglamento europeo se ampara en un "interés público superior", se está priorizando la política energética sobre el medio y violando el principio de no regresión ambiental al eliminar los controles".
Es más, junto con el decreto aprobado por el Gobierno, también quedan sin efecto las leyes españolas. Más concretamente que "los ciudadanos y ayuntamientos pierden el derecho a presentar alegaciones", precisamente, la herramienta que está funcionando para frenar o dilatar en el tiempo estos proyectos.
Bolonio coincide en que "es la mayor regresión ambiental en la historia de la UE porque ni demuestra que ese reglamento va a arreglar el problema, ni está justificado, ni es necesario".
300.000 hectáreas sin riesgo
Ellos sí lo han demostrado en este informe. Cristina Armas es una de las 100 científicas que ha participado en este estudio que no se ha limitado sólo a denunciar la "alarmante mercantilización del cambio climático", también propone soluciones.
"Hemos detallado hasta 300.000 hectáreas entre tejados, vertederos, escombreras o minas abandonadas, para colocar estos parques. De esta manera incluso podría hacerse sin tener que limitar la potencia de los mismos", ha explicado.
De hecho, según detalla el informe, que incluye la cartografía de estas zonas en soporte digital, ahora mismo hay un 57% de superficie disponible para instalar fotovoltaicas en tejados y cubiertas de edificios, un 17% en invernaderos, un 16% en infraestructuras mineras en desuso, un 5% en la red viaria y un 1% en vertederos.
Ahora mismo "toda la potencia renovable proyectada en España cabe en estas zonas que cita el proyecto sin necesidad de alterar nada más, ni paisaje, ni fauna, ni flora, ni la vida de los vecinos, ni el turismo de la zona".
Se ha abogado además por un reparto justo del impacto y de los recursos para que aquellas que más consumen este tipo de energía también instalen plantas en sus regiones. El año pasado había instalados en nuestro país más de 21.500 aerogeneradores, la mayoría en Castilla y León. Le siguen Castilla-La Mancha y Galicia que para este 2023 tiene pendientes de aprobar 348 proyectos eólicos.