Con ánimo de impulsar la inversión en energías renovables, España se comprometió a retribuir generosamente a quienes financiasen el desarrollo de nuevas plantas de producción eólica y solar. Sin embargo, ante el estallido de la Gran Recesión, se planteó la retirada de estos estímulos. Hasta aquí todo entra dentro del juego político: un gobierno apuesta por favorecer cierta forma de energía y luego repliega parte de los incentivos en un contexto de vacas flacas. El problema es que, a la hora de retirar las primas a las renovables, nuestro país exigió que estos pagos se devolviesen también de forma retroactiva, vulnerando un principio básico de cualquier sistema judicial garantista.
El cambio en las reglas de juego empezó a gestarse bajo gobierno de Rodríguez Zapatero, que creó el impuesto a la generación de electricidad para recortar las ganancias obtenidas por los productores. Después llegó la reducción efectiva de las primas, con un tajo del 40% aprobado bajo gobierno de Mariano Rajoy. Desde entonces, el crecimiento de las renovables sobre el mix energético español se ha frenado, hasta el punto de que su aumento ha sido cuatro veces menor que en el resto de la Unión Europea.
Los inversores afectados no se quedaron de brazos cruzados. Movieron ficha para negociar con la Administración Rajoy y buscaron un acuerdo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero las soluciones propuestas fueron, a todas luces, insuficientes para compensar un golpe a todas luces ilegal. De ahí nacieron decenas de recursos presentados ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, la corte del Banco Mundial encargada de resolver este tipo de disputas. Y los fallos emitidos han sido abrumadoramente favorables para los intereses de los inversores denunciantes, que han ganado todos los procesos y demostrado de esta manera la injusticia que se cometió en su contra.
En total, las reclamaciones presentadas suman un total de 9.500 millones y la veintena de laudos que ya ha emitido el CIADI ordenan la devolución de 700 millones. Sigue habiendo numerosos de casos pendientes de resolución, pero todo apunta a que el fallo de todos y cada uno de ellos terminarán siguiendo el mismo razonamiento expuesto por el CIADI en las sentencias que ya se han cerrado, ordenando por tanto la restitución de hasta 8.700 millones más. Lejos de cumplir las sentencias, el gobierno de Pedro Sánchez nos ha convertido en el país que más incumple este tipo de laudos, solo por detrás de Venezuela o Rusia. Es más: para seguir tensando la cuerda, el gobierno ha puesto en marcha el protocolo para la salida del Tratado de la Energía, una carta internacional suscrita por la abrumadora mayoría de las economías desarrolladas, obligadas en virtud del mismo a ofrecer seguridad jurídica a quienes invierten en el sector.
Pues bien, la problemática no deja de ir a más y, en las últimas semanas, Libre Mercado ha podido saber que el asunto ha llegado a las oficinas del Fondo Monetario Internacional y de las principales agencias de calificación de deuda soberana, como son Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch. Los inversores afectados no solo quieren redoblar la presión sobre el gobierno de España y condicionar las evaluaciones que hacen estas instituciones de la solvencia de la economía de nuestro país. La situación es muy delicada, puesto que la exposición de esta circunstancia puede afectar directamente a la percepción de los técnicos del FMI y a la calificación que se asigna a nuestra deuda soberana.
Y lo peor de todo es que, si la situación evoluciona a peor, las empresas y fondos afectados están dispuestos a poner en marcha un proceso orientado a exigir la confiscación de activos del Reino de España en el extranjero. Este proceso podría empezar a andar el próximo mes de febrero y afectaría a bienes de nuestro país ubicados en Estados Unidos, Gran Bretaña o Australia. De esta forma, se podrían ejecutar las indemnizaciones que el gobierno de España se niega a resarcir. De modo que la situación ha escalado y va claramente a peor.