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Polémica y versiones opuestas por la operatividad de los coches eléctricos de la Guardia Civil

AUGC denuncia que 380 coches están parados por falta de punto de recarga. La Guardia Civil lo niega y destaca que 150 de esos funcionan con gasolina.

AUGC denuncia que 380 coches están parados por falta de punto de recarga. La Guardia Civil lo niega y destaca que 150 de esos funcionan con gasolina.
Coche patrulla y agente de la Guardia Civil. | Europa Press

La Guardia Civil anunció el pasado 20 de diciembre la recepción de 380 nuevos vehículos para sus agentes. La compra era parte de la continua política de renovación de vehículos, que no siempre va con la rapidez que debería y gustaría a los propios altos mandos y agentes del cuerpo, que en ocasiones siguen empleando algunas unidades que superan los tres lustros de actividad y el medio millón de kilómetros.

El paquete de vehículos recibido, todos con rotulación del Instituto Armado, estaba compuesto 230 Nissan Leaf de motor eléctrico, que según el fabricante tienen una autonomía aproximada de 270 kilómetros, y por 150 Renault Arkana Zen micro híbrido, es decir, que cuentan con dos motores, uno de los cuales funciona con gasolina y otro es eléctrico. La inversión total para la compra de los mismos había sido de 12,5 millones de euros.

La polémica en torno a estos vehículos no ha tardado en llegar. Antes de que se cumpla incluso el primer mes desde la recepción, una de las históricas asociaciones profesionales del Instituto Armado, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), ha denunciado que la totalidad de los mismos –pese a que algunos de ellos pueden funcionar solo con gasolina– no están operativos porque no hay cargadores en las Comandancias para recargar sus baterías.

Uno de sus portavoces, Pedro Carmona, explica a este medio que el problema se debe a la escasez de puntos de recarga. "Muchas unidades cuentan con instalaciones muy obsoletas, anticuadas, que no están adaptadas para poder cargar estos automóviles y, en los sitios en los que sí es posible, no se han instalado suficientes para poder cargar todos los coches asignados".

Carmona pone un ejemplo. "Hay un caso en el que a un Jefe de Comandancia se le ha asignado un coche eléctrico. Si él tiene que salir a realizar cualquier cuestión propia de su desempeño en la unidad, el resto de patrullas no podrían cargar sus vehículos pues sólo hay un cargador. Estaba previsto que durante el año 2022 se instalaran los puntos de recarga necesarios en los acuartelamientos, pero ahora estamos en 2023 y seguimos con el mismo problema".

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La directora de la Guardia Civil, María Gámez, en la presentación de los coches de la polémica

Este problema ha sido negado desde la Dirección General de la Guardia Civil, que en un comunicado, dice que los 240 eléctricos todavía se encuentran en "proceso de distribución a las unidades" y que "todos los vehículos eléctricos asignados a distintas unidades de la Guardia Civil cuentan con diferentes posibilidades de recarga, mediante puntos habilitados, tarjetas de recarga y cargadores portátiles adaptables".

Asegura que no les consta que "ningún vehículo eléctrico esté parado por no disponer de posibilidades de recarga" y recuerda que hasta este momento hay en funcionamiento un total de 184 vehículos eléctricos, comprados en 2020 y 2021, que "están prestando servicio en unidades fiscales, cabeceras de comandancia y algunos puestos principales donde existen puntos de recarga u otro medios para hacerlo".

La Dirección General no hace mención, eso sí, a si hay déficit de puntos de carga y si con la llegada de los nuevos vehículos es posible que haya problemas temporales para tenerlos plenamente operativos. Lo que sí hace es avanzar que, los haya actualmente o en los próximos meses, ese problema se solucionaría con un contrato que acaba de entrar en vigor para instalar 1.400 puntos de carga en sus instalaciones de toda España en los próximos 9 meses.

Pese a esto, el uso de coches eléctricos genera muchas dudas. "Los servicios en la España vaciada obligan a recorrer grandes demarcaciones entre distintos pueblos y dudamos que esos vehículos consigan tener la autonomía suficiente para realizar correctamente la labor. Es posible que durante el servicio se necesite realizar una carga extra, si este dura ocho horas, o incluso un poco más por algún cometido urgente, lo que conllevaría la obligación de detener el trabajo", dice Carmona.

Lo mismo sucedería con las motos que utilizan los agentes del Seprona. "Ha llegado una partida de motos para realizar servicios en el campo, trayectos muy largos con muchos kilómetros. Si no tienen autonomía suficiente se pueden quedar en medio de la nada. ¿Qué van a hacer? ¿Dejar la moto tirada en un monte?", se pregunta el portavoz de AUGC.

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