La Dirección General de Derechos de los Animales, encabezada por Sergio García Torres, se gastará un total de 112.861,92 euros en realizar un estudio sobre el comportamiento de la cotorra argentina (Myiopsitta monachus), la cotorra de Kramer (Psittacula krameri) y el gorrión común (Passer domesticus) y en realizar vasectomías a las primeras.
Torres, alto cargo del ministerio de Ione Belarra que carece de estudios relacionados con sus funciones y que cobra más que Pedro Sánchez, pretende evitar el sacrificio de las cotorras que, según menciona la memoria de la contratación, "casi están colapsando las zonas verdes". Esto se conseguirá "mediante métodos no letales tales como vasectomización de los machos, esterilización de los huevos u otros valorables propuestos por el oferente".
El resto del dinero irá destinado a elaborar un censo para conocer el número de animales de estas especies y en un "estudio de la influencia de las poblaciones sobre su entorno" que consistirá, entre otras cosas, en el análisis "de los efectos en superficies arboladas y verdes en el radio de las localizaciones de las poblaciones de cotorra argentina".
Esta Dirección General justifica el esfuerzo y el gasto apoyándose en el artículo 10 del Real Decreto 630/2013 en el que se habla de "eliminación del medio natural" de las especies exóticas invasoras sin especificar la metodología concreta por la cual conseguir dicho objetivo. Es decir, dada la ambigüedad de la norma y sosteniéndose, además, en la Ley 17/2021 en la que "se considera a los animales como seres vivos dotados de sensibilidad", Torres consigue esquivar el sacrificio, mucho más efectivo y económico, elaborando un plan de estudio, control y esterilización.
Es por ello por lo que la suma del gasto se eleva tanto. "Las alternativas al sacrificio, entre las que cabe la esterilización de huevos o la vasectomización de machos, implican, sin embargo, costes cuya envergadura estará en función del alcance y calendario temporal de aplicación; resulta por lo tanto imprescindible conocer el tamaño de las poblaciones de cotorras, la tendencia de expansión y su dinamismo en el entorno urbano". Según la propia memoria, la técnica enrevesada que pretende utilizar el Gobierno es la provoca que se necesite dedicar más dinero del contribuyente a eliminar la especie invasora.