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California quiere aplicar un impuesto a los contribuyentes que se mudan a otros territorios

El territorio de la Costa Oeste de Estados Unidos sigue reforzando sus medidas fiscales.

El territorio de la Costa Oeste de Estados Unidos sigue reforzando sus medidas fiscales.
Los Ángeles, bajo un cielo naranja por los incendios. | EFE

Desde hace años, las continuas subidas de impuestos aplicadas por el gobierno de California han empujado a cientos de miles de contribuyentes al éxodo fiscal. Desde el año 2020, más de medio millón de personas han hecho las maletas y se han trasladado a otros territorios del país estadounidense. En términos absolutos, el número de residentes ha pasado de 39.538.245 a 39.029.352, un descenso de 509.000 personas.

La tendencia viene de lejos. Desde 2008 hasta 2019, el territorio había perdido más de 9.000 empresas de gran tamaño, amén de otros 5 millones de habitantes. Y es que, mientras otros estados del país como Texas o Florida no paran de ganar atractivo merced a un modelo económico comprometido con los principios liberales, los datos de California van de mal en peor.

Pese al desastre, los dirigentes demócratas han anunciado una nueva vuelta de tuerca en su agenda tributaria. Lo primero será aplicar un recargo del 1,5% a todos los contribuyentes que declaren activos patrimoniales por más de 1.000 millones de dólares, una medida que entrará en vigor en 2024. A partir de 2026, el gravamen se ampliará para cubrir también a quienes posean una riqueza de más de 50 millones de dólares, que quedarán gravados al 1%.

Y la cosa no acaba ahí. California pretende aprobar también un recargo del 0,4% que será aplicado a todos los contribuyentes que abandonen su territorio. Por lo tanto, si uno de los contribuyentes golpeados por este impuesto opta por trasladarse a Texas o Florida, deberá pagar el Impuesto de Patrimonio del conjunto del año y, además, abonar ese impuesto extra del 0,4%.

Evidentemente, no es sencillo aplicar medidas tributarias tan agresivas. De hecho, se estima que los costes administrativos derivados de aplicar este nuevo marco impositivo ascenderán a 660 millones de dólares, a raíz de las numerosas comprobaciones y papeleo que deberán revisar los funcionarios de un Estado que ya presenta un déficit presupuestario de 24.000 millones de dólares.

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