El Gobierno de Sánchez ha llevado el gasto a unos niveles insoportables, que están aumentando la deuda de manera exponencial y que van a suponer una losa importante para las generaciones actuales y futuras, habida cuenta de que el incremento ha sido muy cuantioso.
Si mes tras mes vemos cómo la deuda la ha aumentado sin parar -en casi 350.000 millones de euros desde que llegó al Gobierno- podemos comparar la situación con el presupuesto que él heredó en 2018 para comprobar cómo el gasto se ha disparado en los últimos cuatro años.
De esa forma, según el techo de gasto no financiero de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el gasto pasa de 119.834 millones de euros en 2018 a 198.221 millones en 2023.
Es decir, se ha incrementado en 78.387 millones de euros, que es una auténtica barbaridad, puesto que el PIB nominal, en ese período, y si se cumplen las estimaciones de crecimiento del PIB en términos corrientes para 2023, habrá aumentado en 203.469 millones de euros, con lo que de ese aumento del PIB, el incremento del gasto supondrá un 38,53% del mismo. O lo que es lo mismo: de cada nuevo euro de actividad económica generada en España, 38,53 céntimos se habrán dedicado al gasto público.
Es cierto que en esos 198.221 millones de euros se encuentra gasto financiado en exclusiva con los fondos de recuperación europeos, de forma que el gasto sin ellos se queda en 173.065 millones de euros, pero aun así el aumento de gasto desde 2018 es de 53.231 millones. Por tanto, aunque los 25.156 millones de euros de fondos europeos que elevan el techo de gasto y que se reciben vía ingresos de la UE no se consoliden en el tiempo y desaparezcan cuando finalice el programa de recuperación -que es mucho suponer-, los otros 53.231 millones de euros de incremento desde 2018 los ha dejado Sánchez como estructurales, que merman las posibilidades de crecimiento de la economía española por el lastre que suponen para ella.
Y ese gasto estructural acelera su crecimiento en 2023, pues de 2022 a 2023 crece más el gasto que no cuenta con financiación europea, con lo que el desequilibrio es todavía mayor, ya que el financiado con fondos europeos es neutro desde el punto de vista del saldo presupuestario.
Todo ello, lo hace en el marco de la suspensión de las reglas fiscales un año más, que está constituyendo un elemento negativo para la disciplina presupuestaria en el caso de que los gobiernos nacionales, como el del presidente Sánchez, incrementen el gasto sin medida, que está aumentando peligrosamente la deuda y dificultando su sostenibilidad, además de provocar un encarecimiento de su financiación, tanto por la subida de tipos que afecta a las nuevas emisiones -deuda nueva y refinanciaciones- como por el mayor diferencial que habrá que pagar por el mayor riesgo que supone el país al estar más endeudado -y que ya está pagando-, como hemos contado en anteriores artículos.
Eso hace que la deuda aumente sin cesar, como venimos viendo todos los meses, con casi 350.000 millones de euros más de endeudamiento desde que gobierna, que llegará a 400.000 millones en 2023, si las previsiones se cumplen, y que genera graves desequilibrios.
En definitiva, el Gobierno agrava los desequilibrios de la economía española al aplicar más gasto, más déficit, más deuda y más impuestos. España no necesita más gasto, sino gestionar de manera eficiente el que tiene e incluso reducir el que no sirve de nada, para así, precisamente, mantener el grueso de los servicios esenciales. El problema sanitario no fue por falta de gasto, sino por mala gestión al no anticiparse con medidas tempranas que hubiesen evitado el colapso de la sanidad y que habría permitido no tener que adoptar medidas económicas tan duras como las que hemos sufrido. Y España no necesita más impuestos, sino mantenerlos sin subir y bajarlos en cuanto sea posible, especialmente los directos y las cotizaciones sociales, aunque fuese a costa de redefinir con los indirectos el mix impositivo, que son mucho más neutrales para la actividad económica. Nadie discute el gasto coyuntural derivado de la pandemia, pero sí el hecho de que se esté convirtiendo el grueso del mismo en estructural, como vemos con más de 50.000 millones de gasto nuevo consolidado desde 2018.
No puede ser que siempre que hay un problema económico el Gobierno mire sólo hacia el lado de los ingresos. El Ejecutivo, y toda la sociedad, debería mirar hacia el lado del gasto y preguntarse si podemos permitirnos el nivel del mismo que tenemos. Toda familia, empresa y persona hace eso en su día a día; por tanto, como sociedad debemos hacernos la misma pregunta, extensible principalmente a quien administra los recursos públicos, que es la Administración. Es obvio que estamos en unos niveles de gasto que no podemos sufragar. Eso no quiere decir que haya que perder el grueso de actuaciones de gasto, sino que hay que circunscribirlas a las que son más necesarias, con una gestión eficiente que permita aprovechar mejor los recursos. A la sociedad le debe quedar claro que ese "gasto, gasto y gasto" se traduce por "impuestos, impuestos e impuestos", y que, además de ser confiscatoria, una subida de impuestos empobrecería a ciudadanos y empresas, sin conseguir, además, su objetivo recaudatorio. Todo ello, para poder garantizar el equilibrio de las cuentas públicas e ir disminuyendo la enorme deuda.
No es una elección, sino una imperiosa necesidad que habrá que hacer más temprano que tarde y que cuanto más se retrase, más recorte supondrá, de una manera más dura y, posiblemente, entonces, vendrá ordenado desde fuera. Nuestra estructura económica no soporta este nivel de gasto, y si queremos recuperarnos no se pueden subir los impuestos, especialmente los directos. Si no somos capaces de darnos cuenta de esto y el Gobierno se empeña en su error, el estancamiento de nuestra economía, desde el nivel de empobrecimiento de estos años, puede durar mucho tiempo, aunque se oculte en el a corto plazo y cada día más enquistado.