Cambios regulatorios de calado para los propietarios de vivienda en Portugal. Si prospera el Proyecto de Ley presentado por el gobierno del socialista António Costa, las autoridades municipales podrán intervenir directamente en el uso de los inmuebles, mediante una expropiación de uso que forzará a alquilar aquellos pisos o casas que permanezcan más de 100 días sin ocupación.
Los inmuebles de uso habitacional que no estén ocupados por sus propietarios ni por inquilinos que los arrienden "podrán ser objeto de arrendamiento forzoso por los municipios, para su posterior subarriendo en el ámbito de los programas de vivienda pública". Así lo plantea el Ejecutivo de izquierdas, que ha sometido la norma al trámite de consulta previa que sirve como antesala para su votación en sede parlamentaria.
Puesto que los de Costa tienen mayoría absoluta en la Asamblea de Portugal, parece probable que la Ley acabe saliendo adelante, de modo que la oposición se ha volcado en denunciar sus consecuencias en los medios de comunicación y el sector inmobiliario se ha movilizado para hacer todo el ruido en la consulta previa. Sin embargo, los empeños de formaciones como el PSD y entidades como la Asociación de Alojamientos Locales de Portugal no podrán hacer gran cosa si se impone el rodillo parlamentario del Partido Socialista.
La manera en que funcionará la propuesta arranca con la obligación legal de comunicar a las autoridades locales si un inmueble se queda vacío. A continuación, las corporaciones podrán realizar propuestas de arriendo, con la amenaza de forzar el arriendo que consideren oportuno cuando el proceso se haya extendido por más de 100 días.
El Proyecto de Ley que ha elaborado el Ejecutivo apunta que, en caso de que sea necesario realizar obras, las autoridades municipales también podrán mover ficha y obligar a los propietarios a realizar las reformas necesarias para poner el inmueble a punto, aportando fondos municipales si fuese necesario.
Además, los contratos de arriendo serán a cinco años, de modo que la expropiación de uso de la vivienda abarcará un lustro. Por otro lado, se anuncia que, en caso de impago, el Estado asumirá las mensualidades impagadas y puede proceder a un desahucio si no se resuelve la deuda de forma satisfactoria.
Por otro lado, se anuncia una exención aplicable solamente a segundas viviendas, viviendas de emigrantes o viviendas de personas que residan en otros lugares por motivos profesionales, de formación o de salud, así como los inmuebles que estén en proceso de reforma para su posterior venta o que formen parte de un negocio de alojamiento turístico. El sector inmobiliario trabaja ya para encontrar vacíos legales dentro de estas cláusulas, pero el riesgo regulatorio es evidente y las asociaciones de referencia ya han puesto el grito en el cielo.
Fin al "visado de oro"
El primer ministro luso también ha comunicado que su gobierno pondrá fin a la concesión del llamado visado de oro o golden visa que venía concediendo a los extranjeros que compraban vivienda en el país. Los datos oficiales apuntan que, desde octubre de 2012 hasta enero de 2023, este programa permitió la entrada en el país de 18.862 nuevos residentes, la mayoría de ellos chinos, brasileños y estadounidenses.
En total, la inversión generada por los receptores del visado de oro ascendió a 6.000 millones de euros solamente en el ámbito inmobiliario. A esto hay que añadir el pago de impuestos generado por estos nuevos residentes, que se podían beneficiar de un régimen más atractivo en el IRPF, con un tipo fijo del 10% o del 20% para sus ingresos, dependiendo del tipo de renta percibida. Por lo general, se consideraba que esta apuesta había sido vital para animar la entrada de capital foráneo y mejorar el perfil internacional de la economía portuguesa, pero António Costa ha dado un giro de 180 grados y, tras introducir algunas restricciones que entraron en vigor el pasado año, ahora apunta al fin del visado de oro.
Control de precios y veto a los pisos turísticos
Asimismo, las nuevas medidas anunciadas comunican el regreso a las normas anteriores a 1985, cuando el precio del alquiler estaba regulado. El gobierno socialista tiene previsto recuperar aquel modelo estableciendo un techo máximo de subida en los nuevos contratos de alquiler, tomando la inflación como métrica de referencia.
Por otro lado, Costa ha anunciado que tiene previsto "prohibir los nuevos pisos turísticos en todo el país", dejando como única excepción "a los alojamientos que estén ubicados en zonas rurales y beneficien a las poblaciones más pequeñas". No solo eso, sino que el Ejecutivo ha anunciado que revisará las licencias en vigor al final de la década, de modo que muchos de estos negocios pueden tener los días contados y tendrían que cesar su operativa en 2030.
Parecería que llega a su fin, pues la apuesta pragmática del gobierno socialista, que hasta ahora había caracterizado su gestión por una agenda económica basada en bajar impuestos a empresas y familias o moderar el gasto público. Así, las medidas anunciadas por Costa indican una radicalización del Ejecutivo, precisamente ahora que la mayoría absoluta parlamentaria le da un mayor margen de maniobra.