El gobierno de Portugal que preside el socialista António Costa acaba de presentar su borrador de presupuestos para 2023. Su gabinete tiene claro que el próximo ejercicio será complicado, debido a la subida de los precios de la energía y lo que supondrá dicho encarecimiento para el conjunto de la demanda. Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo apuesta firmemente por una reducción del déficit público.
Los socialistas tienen mayoría simple en el parlamento y acaban de enviar su borrador de presupuestos al poder legislativo, para una negociación que no debería ser demasiado compleja, a la luz de episodios anteriores. Si sus cuentas se aprueban, el marco de crecimiento planteado para 2023 será de apenas un 1,3%, si bien es cierto que la economía ha crecido un 6,5% a lo largo de 2022.
"Estamos en un momento delicado y exigente, muy marcado por las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania", explicó el Ejecutivo antes de recalcar que su proyecto presupuestario "viene a ofrecer un compromiso con la estabilidad que generará confianza y nos prepara para lidiar con escenarios adversos como los que se están desarrollando".
El ministro de Finanzas, Fernando Medina, anunció que estudia un recargo en el Impuesto de Sociedades que abonan las compañías petroleras y las empresas gasistas. Sin embargo, esta medida solo se articulará si hay un acuerdo europeo que respalde y concrete este tipo de tributación. Además, comunicó que las ganancias obtenidas por el comercio de criptomonedas estarán gravadas al 28% si la tenencia de las monedas electrónicas en cuestión ha sido de menos de un año.
Más allá de estas subidas, el gabinete de António Costa articula una rebaja de diversos tributos, entendida como parte de un "pacto de rentas" que poco o nada tiene que ver con el que sugiere el gobierno de España. Por ejemplo, en Portugal se aplicará una reducción del Impuesto de Sociedades a aquellas empresas que revisen los salarios al alza en un 5,1%, de acuerdo con el marco de referencia que han pactado patronal y sindicatos. La idea es que dicho aumento en los costes laborales quedará compensado con una fiscalidad empresarial más moderada. En total, las empresas pueden acabar pagando un 17% menos en el Impuesto de Sociedades si facilitan subidas salariales del 5,1%, umbral recomendando por los agentes sociales.
En el IRPF, se revisarán al alza las deducciones por hijo y se deflactarán los tramos un 5,1%. También se anuncian deducciones pensadas para los jóvenes que se incorporan al trabajo y que llegarán a reducir hasta en un 50% los pagos fiscales de su primer año en el mercado laboral, tras lo cual se irá recortando dicha rebaja, pasando a un 40% en el segundo año de actividad, 30% en el tercero, 20% en el cuarto y 10% en el quinto.
La bonificación de los hidrocarburos se ampliará para las empresas en un 10% adicional, mientras que los contribuyentes que generen su propia energía con instalaciones renovables verán aumentados sus descuentos fiscales. Los propietarios que alquilen su vivienda no podrán revisar el precio del arriendo en más de un 2%, pero el gobierno se hará cargo de la diferencia para mantener las dinámicas de mercado mientras dure este tope (a priori, expira en 2024), evitando que los dueños de los inmuebles se vean perjudicados económicamente.
A su vez, se plantea que el salario de los empleados públicos crezca de forma simbólica, en unos 50 euros anuales, aunque la retribución de los funcionarios con menores ingresos experimentará una subida algo mayor. La subida de las pensiones se modera al 3,5-4,5%, un 50% por debajo del ritmo de aumento de la inflación, que ronda el 7-8%.
Considerando todas las propuestas de su borrador presupuestario, resulta evidente que António Costa sigue apostando por contener el déficit público, de modo que el descuadre entre ingresos y gastos será de apenas un 1,9% en 2022 y se reducirá al 0,9% en 2023. Esto permitirá que la deuda, hoy en el 120% del PIB, se reduzca alrededor de diez puntos, encarando el año 2024 en el entorno del 110% del PIB. Conviene recordar que su Ejecutivo logró un histórico superávit presupuestario del 0,2% del PIB en 2019, si bien la pandemia influyó para mal en este indicador y el regreso al equilibrio se consolidará en 2024.