Cuando se aprobó la Ley de Bienestar Animal en el Congreso, el texto incluía una disposición final que impedía aumentar el gasto público: "Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de gasto público, ni de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal". Esa disposición ha desaparecido gracias a los senadores de ERC, que le han quitado la careta a la ley de Ione Belarra para ratificar que estamos ante lo que muchos ya denunciaron en un principio: un coladero de subvenciones para los chiringuitos animalistas.
Para empezar, la ley contempla la creación de dos nuevos organismos: el Consejo Estatal de Protección Animal y el Comité Científico y Técnico para la Protección y Derechos de los Animales. Ambos dependerán de la dirección de Sergio García Torres y, por encima de él, de la propia Ione Belarra. Según la propia ley, "el funcionamiento de estos órganos será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados al departamento ministerial correspondiente", pero eso no implica que la dotación presupuestaria pueda incrementarse en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Actualmente la secretaría de García Torres cuenta con un presupuesto de más de 7 millones de euros.
La norma también prevé la creación de un Plan Estatal de protección animal y la elaboración de estadísticas periódicas, que obviamente alguien tendrá que realizar. También contempla un amplio apartado sobre la promoción a nivel nacional del bienestar animal que, entre otras medidas, incluye la creación y la emisión de campañas y anuncios en medios de comunicación. Todo esto se pagará, según dice la ley, con "las cantidades que anualmente se consignen en los Presupuestos Generales del Estado" y "cualesquiera otras fuentes financiación que puedan establecerse". Esa oportuna imprecisión deja la puerta abierta a nuevos aumentos de presupuesto público.
Además de publicidad, un plan nacional, estadísticas y dos nuevos organismos, la ley animalista también obliga a los ayuntamientos a contar con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria disponible las veinticuatro horas del día, es decir, un sistema sanitario de ambulancias, veterinarios y clínicas similar al de los humanos (artículo 16 del capítulo VI). Y "para llevar a cabo esta gestión, los municipios deberán contar con un servicio propio, mancomunado o concertado", que nuevamente requerirá de un aumento del gasto público. Lo mismo sucede con el control no letal de las poblaciones descontroladas de cotorras, gatos y mamíferos en general.
"Inasumible y poco realista"
A todas luces, resulta obvio que la aplicación de la ley de Bienestar Animal no va a salir gratis y tampoco es probable que los responsables de la aprobación de esta norma vayan a reducir sus retribuciones para ajustar los presupuestos. Algo similar debieron pensar los senadores de ERC cuando presentaron una enmienda a la disposición que prohibía aumentar el gasto público argumentando que era algo "inasumible y poco realista".
"Este apartado es inasumible y poco realista. Tanto las Comunidades Autónomas como los municipios y entidades supramunicipales necesitarán disponer de más personal y medios materiales para dar cumplimiento a las nuevas actuaciones administrativas que comporta la aplicación de la Ley", señalaba textualmente la enmienda aprobada el pasado miércoles en el pleno del Senado.
Este jueves el Congreso debatirá y votará las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de Bienestar Animal, ahora renombrada como ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales. Aquellas que obtengan la mayoría simple de la Cámara quedarán incorporadas al texto definitivo de la ley, que estaría listo para su publicación en el Boletín Oficial de Estado y su entrada en vigor.