El Gobierno de Pedro Sánchez ha cumplido su amenaza a las familias y las empresas aprobando el mal llamado impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha impulsado un mecanismo para compensar el impacto negativo de este nuevo castigo fiscal, pero se ha encontrado con el rechazo de la izquierda y Vox. El nuevo incentivo madrileño pretende recuperar la atracción de inversiones expulsadas por Sánchez. Y, de hecho, estaba diseñado para lograr 886 millones al año por cada mil millones captados y un total de 13.000 empleos directos.
El último castigo fiscal de Sánchez no es, en realidad, sino una armonización encubierta: un impuesto de patrimonio bis con el objetivo de castigar a Madrid y a otras regiones, como Andalucía, Galicia o Murcia, que han anunciado recientemente la bonificación a la madrileña del tributo original sobre el Patrimonio.
Sánchez sabe lo que hace: su nuevo impuesto es un impuesto al ahorro y la inversión. Es un impuesto de patrimonio clonado que, al igual que el original, entorpece gravemente el crecimiento económico y la creación de empleo.
El golpe de Sánchez a Madrid
Los cálculos del Gobierno de la Comunidad de Madrid apuntan a que este nuevo impuesto socialcomunista a las grandes fortunas supondrá una pérdida de ingresos previstos de hasta 5.000 millones de euros por culpa de la expulsión de patrimonios. Y todos esos patrimonios captados o generados suponen cotizaciones, IRPF, IVA, ITP, etc. Porque, evidentemente, los patrimonios atraídos a Madrid consumen, ahorran, invierten y tributan en Madrid. El impacto del último ataque fiscal del Gobierno central, además, según esos mismos cálculos, supondrá un freno a la llegada de hasta 1.600 millones de euros al año en concepto de inversión extranjera perdida por competencia con otros territorios europeos más atractivos fiscalmente.
La Comunidad de Madrid es en estos momentos el destino de casi 3 de cada 4 euros de inversión extranjera. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso no está dispuesto a permitir ese golpe y, con esa finalidad, diseñó un incentivo fiscal para atraer inversores del exterior y evitar el golpe económico del plan fiscal de Sánchez.
Los incentivos madrileños
El incentivo se basa en una nueva deducción del 20% en la cuota autonómica del IRPF aplicable a toda la inversión realizada en cualquier tipo de activo –financieros o inmobiliarios– con un plazo de desgravación de 6 años.
Y el estudio económico del equipo de Ayuso ha calculado que este incentivo permitiría incrementar el ahorro y la inversión, beneficiando a toda la población vía empleo y aportando recaudación adicional para prestar servicios. En concreto, con los siguientes resultados. En primer lugar, por cada 1.000 millones, se generarían casi 13.000 puestos de trabajo y 886 millones más de PIB regional, con su correspondiente traslado a más cotizaciones, más consumo y, por tanto, mayores ingresos vía impuestos. Por esa vía, la recaudación final, fruto de la llegada de inversiones, llegaría a 125 millones de euros anuales.
Fuentes del Gobierno de Madrid aseguran que con esta medida Madrid puede seguir siendo un destino de inversión plenamente competitivo. Pero este mecanismo de atracción de capital extranjero ha contado con el rechazo de la izquierda y de Vox. Rocío Monasterio asegura que está a favor de la inversión extranjera pero si primero se beneficia a los madrileños. "Los autónomos, las pymes y las familias están cargando con todo el peso de la crisis y tenemos que tomar medidas para apoyarles", ha asegurado.
Lo cierto es que la Comunidad de Madrid, sólo en los últimos meses, ha aprobado una nueva bajada de impuestos para casi 100.000 familias centrada en favorecer la natalidad y proteger la maternidad y la paternidad; ha aprobado igualmente la deflactación del IRPF para todos los contribuyentes con un ahorro de 200 millones; y ha regulado la tarifa cero para autónomos para que los nuevos trabajadores no paguen nada durante el primer año, además de una bonificación adicional de sucesiones y donaciones de hasta el 25%.