El Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs) ha calificado de "discriminatorio e irracional" el acuerdo del Gobierno por el que pretende dejar fuera del reparto de 200 millones de euros de la financiación de Dependencia a aquellas comunidades que hayan votado en contra del "Nuevo modelo de residencias", impulsado por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.
Dicho modelo establece los criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Sin embargo, la principal crítica de sus detractores es la falta de financiación para apoyar unas medidas (capacidad máxima, número de trabajadores, etc.) que, en muchos casos, se antojan incalzables sin un mayor respaldo económico por parte del Estado.
Para CEAPs, el hecho de castigar a las comunidades que no comulgan con el plan del Gobierno responde a un interés meramente político que terminará por perjudicar a los más vulnerables, que tendrán más o menos recursos en función del lugar en el que residan. "Este sistema de reparto es discriminatorio y alejado de cualquier criterio racional y en beneficio de las personas mayores", denuncia la presidenta de la patronal de Dependencia, Cinta Pascual. A su juicio, lo lógico sería que todos los fondos fueran asignados "mediante un criterio objetivo y evaluable, basado en una ratio global mínima de personal" y no en base a la batalla política que este tipo de cuestiones suscitan.
Un chantaje injustificado
En estos momentos, nueve comunidades autónomas -todas ellas presididas por el PSOE- han dado su apoyo al nuevo modelo de acreditación, mientras que el resto, incluida Castilla-La Mancha, han manifestado su rechazo. "Algunas porque ya tienen unos modelos que van a la vanguardia, con lo cual esto se les queda corto, otras por financiación, otras por discrepancias... Hay varios motivos -explica CEAPs-, pero sólo las que están a favor del Gobierno han apoyado este convenio".
Tengan o no razones fundadas, todas ellas quedarían excluidas de un partida de 200 millones de euros del total de 783 que el Ministerio de Derechos Sociales ha de repartir entre las comunidades autónomas. La decisión es tan arbitraria que dejará fuera a algunas regiones que, si bien han votado en contra del plan de Belarra, ya aplican los mismos criterios que la ministra pretende imponer. "Castilla y León no ha apoyado este modelo, cuando ya lleva aplicándolo 20 años, porque no va acompañado de una financiación suficiente, con lo cual, el hecho de que se excluya a Castilla y León deja claro que es una decisión política", denuncian las fuentes consultadas por Libre Mercado.
A fin de apaciguar las críticas, el Gobierno ha tendido la mano de nuevo a las comunidades para que recapaciten y puedan reflexionar si finalmente se suman o no a un acuerdo que les abriría la puerta a una financiación más que necesaria. Sin embargo, la sensación que cunde en los gobiernos autonómicos es que esto no es más que un chantaje ante el que no pueden ceder. "El Gobierno utiliza la financiación estatal como instrumento de presión, quiebra el principio de lealtad institucional y no es más que un último intento de salvar un acuerdo que carece de efectividad en la mayor parte del país", resumían hace unos dias fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid
Las principales críticas al nuevo modelo
La propia Concepción Dancausa justificaba su rechazo en que el texto impulsado por Belarra "invade las competencias autonómicas" en materia de servicios sociales, "carece de una memoria económica ajustada a la realidad, limita el acceso de nuevos usuarios al sistema e incrementa las listas de espera".
Sus argumentos coinciden en gran medida con los esgrimidos por la Federación Empresarial de la Dependencia, cuyo presidente ya advirtió en su día de que el acuerdo nacía "muerto", puesto que no había garantía de que el dinero que vaya a poner el Estado sea suficiente para cubrir los gastos que implica la transición hacia el nuevo modelo. "¿Qué se va a conseguir con esta reforma? Pues que la nueva inversión se pare", sentenciaba Ignacio Fernández-Cid, quien insistia en la necesidad de acuerdo de mínimos y no de máximos. "Este está muy por encima de las normativas de muchas CCAA y cuando toque pagar, el Estado mirará para el otro lado", lamentaba.
La propuesta de CEAPs
Con todo, la presidenta de CEAPs propone un sistema alternativo de reparto de estos fondos basado en la mejora de la calidad del servicio. "Se trata de establecer un criterio objetivo y evaluable, y por todo ello proponemos fijar un indicador mínimo de ratio global de personal, y que las comunidades que lo cumplan puedan recibir estos fondos -explica Pascual-. Las familias quieren más profesionales en las residencias, los sindicatos también lo ven así, y desde la parte empresarial siempre hemos estado de acuerdo con esta medida si se aumenta la aportación pública".
A su juicio, si el interés es el de velar por nuestros mayores, es imposible que el Gobierno rechace esta oferta: "Es una ocasión única para apoyar una iniciativa objetiva, evaluable y no discriminatoria".