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EDITORIAL

Más impuestos al trabajo para sostener la estafa piramidal de las pensiones

Los impuestos al trabajo promovidos por el gobierno social-comunista de Sánchez confiscarán el 50% de las rentas a partir de los 20.000 euros.

Es cierto que el sistema público de pensiones, administrado por el Estado y basado en un sistema de reparto, sólo es sostenible, como toda estafa piramidal, mediante el paulatino perjuicio a sus supuestos beneficiarios, ya sean presentes o futuros. Ahora bien. Puestos a hacer sostenible este sistema de reparto que la clase política en su conjunto no se atreve a cuestionar, existen distintos grados de perjuicio y distintas formas de injusticia que pueden cuadrar las cuentas y hacer sostenible —siempre de forma provisional— este nefasto sistema de previsión para la vejez donde, a diferencia de los sistemas de capitalización individual, las cotizaciones de los trabajadores en activo no son suyas ni estas destinadas para su futura pensión, sino que están destinadas a pagar las pensiones de los jubilados existentes en este momento. Así, no es lo mismo cuadrar las cuentas elevando las cotizaciones de los trabajadores en activo para que los jubilados, cada vez más numerosos y con mayor esperanza de vida, no vean recortadas sus pensiones, que tratar de ajustar gastos e ingresos por la vía de congelar o reducir el importe de las pensiones, así como retrasar la edad de jubilación en la que se tiene derecho a percibirlas.

A este respecto, conviene destacar el cambio que los conceptos de "joven" y "anciano" han experimentado, no ya a lo largo de los siglos, sino en las últimas décadas: así la esperanza de vida en España en 1960 era de 66,68 años para los hombres y de 71,66 para las mujeres, mientras que hoy es de 81,8 para los hombres y de 87 para las mujeres. Esa es, entre otras, la razón por la que hay hoy en España tan sólo tres personas en edad de trabajar por cada pensionista. Lo más terrorífico es que en 2050 esa asfixiante relación se estrechará a tan solo 1,7 persona en edad de trabajar por cada pensionista.

Ante este panorama, al ministro de Seguridad Social, José Luís Escrivá, con la complicidad de los sindicatos y con la indiferencia de una Comisión Europea sólo preocupada porque España ajuste en este ámbito sus gastos e ingresos sin implicarse en las distintas formas que hay para hacerlo, ha decidido cuadrar a corto plazo las cuentas por la vía de que sean los trabajadores en activo los que soporten todo el ajuste. Así, la reforma de las pensiones que el Congreso de los Diputados votará este jueves elevará la fiscalidad del cien por cien de los empleados y autónomos por mucho que sean los que más ganan los que más soportarán el hachazo. Estamos hablando de más de 20 millones de trabajadores afectados más sus respectivas empresas, que verán como los impuestos al trabajo promovidos por el gobierno social-comunista de Sánchez confiscarán el 50% de las rentas a partir de los 20.000 euros mientras que los jubilados seguirán viendo cómo el gobierno revaloriza sus pensiones en función del IPC que, pasa colmo, sigue desatado.

No es de extrañar el espanto que esta reforma ha provocado, no ya en la oposición, sino en el prestigioso diario Financial Times, que ha denunciado la "solución española" consistente en que sean los actuales trabajadores los que paguen los platos rotos del desequilibrio de la Seguridad Social.

Lo más dramático, sin embargo, es que esta solución sólo lo es a corto plazo, aparente y provisional. Y es que, aun en el inverosímil caso de que este incremento de los impuestos al trabajo no se traduzca en una mayor destrucción de empleo o en una ralentización en la creación de nuevos puestos de trabajo, nada va a garantizar a los actuales cotizantes que más tarde futuros gobiernos no vayan a retrasar su edad de jubilación o a reducir el importe de sus pensiones. Si el Gobierno de Sánchez no juega a su favor tampoco lo hace la baja tasa de natalidad y la cada vez mayor esperanza de vida.

Sencillamente estamos ante una estafa piramidal, esquema Ponzi, que sólo se puede encubrir incrementando el número de futuros estafados. Urge, pues, abrir un debate en el que la piedra de toque no sea cómo sostener este sistema de reparto sino cómo transitar a un sistema de capitalización individual que permita a los ciudadanos ahorrar y ser dueños de sus ahorros de cara a una vejez en la que cada vez seremos más numerosos y longevos.

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