La voracidad recaudatoria del Gobierno no tiene límites. Es por eso que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha propuesto superar este año el récord recaudatorio de 2022. Así lo reflejan las previsiones de ingresos tributarios y cotizaciones sociales de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. Si se cumplen los números gubernamentales este año, las arcas del Estado se llenarán hasta unos niveles sin precedentes a costa del esfuerzo contributivo de particulares y empresas.
Hay que tener en cuenta que la imposición al trabajo es la piedra angular de la recaudación de Hacienda gracias al IRPF y a las cotizaciones sociales. Según las cuentas estatales, Hacienda recaudará un 7,7% más el año que viene por IRPF (113.123 millones de euros) y un un 9,7% más por cotizaciones sociales (184.522 millones de euros). Pero esto es solo el principio.
La reforma de las pensiones que ha aprobado José Luis Escrivá y que el Congreso de los Diputados votará el próximo jueves contempla varios golpes fiscales a las cotizaciones sociales que se ensañarán con los trabajadores que más ganan, pero que también elevarán la fiscalidad del 100% de los empleados y autónomos. Estamos hablando de más de 20 millones de trabajadores afectados más sus respectivas empresas.
Según los cálculos de la Airef, al final del periodo transitorio de cada medida, Escrivá conseguirá recaudar 0,9 puntos de PIB de impuestos adicionales al trabajo, es decir, unos 12.000 millones. Esos 12.000 millones provendrán del:
- Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI): que consiste en un aumento de las cotizaciones sociales de 1,2 puntos para todos los niveles salariales, supondrá un aumento de la recaudación de 4 décimas de PIB.
- El incremento de las bases máximas de cotización: generará ingresos al sistema por otras 4 décimas de PIB.
- La cuota de solidaridad (cotización de entre 5,5% y el 7% a las rentas que excedan la base máxima de cotización): aumentará los impuestos al trabajo en 1 décima.
Adicionalmente, la AIReF estima que el impacto de la reforma al sistema de cotizaciones del régimen de autónomos tendrá un impacto de 5 décimas de PIB una vez finalice el periodo transitorio. Es decir, el sablazo a los autónomos será de 6.666 millones. A pesar de estos números, el Gobierno no conseguirá equilibrar el sistema de pensiones debido a que estima una subida del gasto superior.
Los que ganan 10.000 euros soportarán 120 euros más
El extenso informe del organismo que antes presidía Escrivá también ha calculado cómo quedarán los impuestos al trabajo en los próximos años teniendo en cuenta la subida de cotizaciones y el IRPF actual. "El impuesto de la renta de las personas físicas, una vez descontadas las cotizaciones sociales pagadas por el trabajador y aplicadas una serie de reducciones, grava también la renta laboral hasta un tipo marginal máximo de aproximadamente del 45%, con ciertas variaciones por CCAA" recuerda la Airef.
De esta forma, por ejemplo, una renta laboral en España de 10.000 euros brutos anuales está sujeta hasta el momento a un gravamen del 36,25% en concepto de cotizaciones sociales (3.625 euros) y casi no soporta IRPF al situarse ese nivel de renta en un intervalo que le permite acogerse a una serie de reducciones que hacen la cuota del IRPF cero. Sin embargo, con la reforma de Escrivá, este mismo contribuyente pasará a pagar el 37,45% en concepto de cotizaciones sociales (3.745 euros), debido al 1,2% que añade el MEI, lo que supone un incremento de 120 euros al año que se repartirán entre empleado y trabajador sin que el Gobierno haya explicado en qué proporción. Que el Gobierno también vaya a penalizar el empleo de los ciudadanos que apenas cobran 10.000 euros desmonta (otra vez) el discurso de que PSOE y Podemos no elevan los impuestos a las rentas bajas.
A partir de un salario de 20.000 confiscarán el 50%
Como se observa en el gráfico anterior, el expolio final al trabajador teniendo en cuenta la reforma de Escrivá (la parte gris de la barra) supondrá que el Estado se quede con alrededor del 50% de lo que generan salarios a partir de 20.000 euros, una cuantía que está por debajo del salario medio actual y que la izquierda siempre presume de proteger.
Eso sí, las rentas que más notarán la estocada a las cotizaciones respecto a su situación actual serán las de 80.000 euros que hasta ahora estaban gravadas con un tipo ya actualmente confiscatorio del 52% (29% en concepto de IRPF y 23% de cotizaciones sociales), lo que supone detraer 41.600 euros de impuestos al año de ese trabajador. Con la nueva reforma del Gobierno esta renta pasará a estar sujeta a un tipo de IRPF más cotizaciones del 63%, lo que implica otros 8.800 euros adicionales de gravamen anual extra.
"La mayor proporción del incremento de gravamen recaerá sobre las rentas salariales superiores a 54.000 euros (un 65% del coste la reforma, esto es, 7.800 millones de euros de impuestos adicionales con los datos del PIB de 2022), debido fundamentalmente al aumento de las bases máximas de cotización. Por su parte, los salarios inferiores a 54.000 euros soportarán el 35% de la reforma ya que, aunque solo se ven afectados por el MEI, son el grupo más numeroso y en el que se concentran la mayoría de los salarios en España" explica la Airef.
El organismo que antes presidía Escrivá alerta de que esta fiscalidad tan elevada al trabajo espanta a los trabajadores más cualificados con nefastos resultados. "Existe evidencia que muestra que un aumento de las cotizaciones entre los trabajadores de mayor cualificación puede reducir los incentivos a la formación o aumentar su movilidad hacia los países de menor imposición, al tiempo que reduce la atracción de los migrantes más productivos, lo que puede terminar repercutiendo negativamente en la competitividad y el crecimiento potencial de los países" reza el texto. Y en términos generales, "la evidencia empírica a nivel internacional tiende a concluir que el incremento de las cotizaciones sociales tiene un impacto negativo sobre el empleo". Para el caso de España, la evidencia empírica muestra que un aumento de 1% de la fiscalidad laboral elevaría el desempleo en 0,2%. Esto significa que, según los cálculos de la Airef, la reforma de las pensiones destruirá 33.000 empleos.