Buenas noticias para los vecinos de Santa Cruz de Tenerife. La localidad canaria, cuya corporación local está en manos del alcalde José Manuel Bermúdez ha logrado superar a Alicante y situarse en cabeza del Índice de Libertad Económica en las Ciudades Españolas (ILECE) que publica anualmente la Fundación para el Avance de la Libertad (FUNDALIB).
El informe toma en consideración aspectos como el gasto público local, los impuestos aplicados por el gobierno municipal, el tamaño de la plantilla de trabajadores dependientes del consistorio, el grado de externalización de los servicios, el grado de endeudamiento, el peso de las subvenciones, etc. Combinando estos factores, se obtiene una nota que va de 0 a 100 puntos. Los municipios analizados son las 50 ciudades más pobladas de España.
Las tres primeras posiciones del ILECE se las reparten Santa Cruz de Tenerife (68,45 puntos), Alicante (65,42) y Almería (65,05). En los diez primeros lugares figuran también Vigo (64,39), Castellón (63,86), Fuenlabrada (63,86), San Cristóbal de La Laguna (63,84) Valladolid (62,51), Elche (62,09) y Cartagena (61,74). En cambio, las peores posiciones son las que ocupan Marbella (43,91), Jerez (44,19), Granada (47,46), Dos Hermanas (48,75), Parla (48,75), Madrid (49,48), Valencia (49,80) o Barcelona (49,89).
Aspectos clave
Los dos aspectos que destacan en la evaluación de Santa Cruz de Tenerife son una plantilla pública relativamente baja y una presión fiscal más baja de lo observado en la mayoría de ciudades. Desde que se publica el ILECE, la localidad se ha situado siempre en el "top diez", pero el salto adelante en su puntuación que le ha permitido llegar a la primera posición se dio entre 2021 y 2022, cuando pasó de 59,7 a 65,2 puntos, para finalmente llegar a 68,5 y liderar la tabla en 2023.
El estudio encuentra que la mayoría de consistorios deberían aplicar una serie de reformas de forma más o menos común: amortizar pasivos hasta lograr un objetivo de deuda cero, contener la contratación de personal y el gasto salarial, pagar con mayor rapidez a proveedores, reducir o eliminar subvenciones, bajar impuestos y tasas, vender o cerrar empresas municipales, etc.