La nacionalización de empresas es una de las políticas económicas que más llama la atención de los ciudadanos y con la que más favorablemente se muestran en cuanto algún partido político se compromete a llevar a cabo una estatalización de empresas. Se entiende, por parte de sus partidarios, que desde el sector público se gestionan mejor, más eficientemente y más solidariamente los recursos en pro de la ciudadanía, mientras que la empresa privada lo único que busca es su propio beneficio, dando el peor servicio posible y sin preocuparse por nada más. No obstante, si repasamos la historia económica más reciente de España veremos que esta descripción no se ajusta a la realidad.
Si acudimos al informe de Funcas "La empresa pública en España" podremos comprobar cómo, desde el año 1977 hasta el año 1987, las empresas públicas arrojaron resultados negativos. Así se observa en la siguiente tabla:
Nota: Se han convertido las cantidades descritas en pesetas en euros para mejor comprensión del lector.
Las pérdidas en el año 1977 de las empresas públicas fueron de 289 millones de euros, en 1978 fueron de 570 millones de euros, en 1979 de 748 millones de euros, en 1980 fueron de 1.046 millones de euros, en 1981 de 1.295 millones de euros, en 1982 de 1.794 millones de euros y en 1983 fueron de 2.216 millones de euros. En el siguiente cuadro se comprenden las pérdidas entre los años 1980 y 1984.
Tal y como se puede ver, las pérdidas del Instituto Nacional de Industria ascendieron a 433 millones de euros en 1980, a 601 millones de euros en 1981, a 829 millones de euros en 1982, a 1.227 millones de euros en 1983 y a 1.111 millones de euros en 1984.
Durante los años 1985, 1986 y 1987 el INI continuó logrando resultados negativos, con pérdidas de 979 millones de euros en 1985, de 705 millones de euros en 1986 y de 256 millones de euros en 1987.
Por otro lado, estas no fueron las únicas empresas que consiguieron pérdidas durante estos ejercicios, las sociedades estatales con dependencia directa del Ministerio de Industria (como RENFE, FEVE, los SEPES, Puertos Autónomos, Canal de Isabel II y RTVE) arrojaron pérdidas de 401 millones de euros en 1980, de 482 millones de euros en 1981, de 752 millones de euros en 1982, de 923 millones de euros en 1983 y de 901 millones de euros en 1984. Correos y Telecomunicaciones también declararon pérdidas de 51 millones de euros en 1980, de 43 millones de euros en 1981, de 79 millones de euros en 1982, de 58 millones de euros en 1983 y de 88 millones de euros en 1984.
Sumando todas las pérdidas de las empresas mencionadas, vemos que dichas pérdidas fueron de 679 millones de euros en 1980, 1.129 millones de euros en 1981, 1.703 millones de euros en 1982, 2.244 millones de euros en 1983 y 2.141 millones de euros en pérdidas en 1984.
Si hiciéramos un cálculo muy generoso para con las empresas estatales donde ni siquiera incluyéramos la extraordinaria cantidad de subvenciones que recibieron durante 1977 hasta 1987, veríamos que las empresas públicas tuvieron un coste para los españoles de, al menos, unos 12.500 millones de euros de la época, o 2.079.825 millones de pesetas. Más de mil millones al año de pérdidas que fueron asumidas por el bolsillo de todos los contribuyentes.
El problema de fondo de esta cuestión está en que el razonamiento que se usa para nacionalizar una empresa está equivocado de raíz, pues suponer que una empresa por ser pública va a saber gestionar mejor los recursos y va a dar un mejor servicio no se sostiene desde el momento en el que la fuente de ingresos de esa empresa no proviene de que cada ciudadano elija utilizar su servicio pudiendo elegir el de otra empresa, sino que proviene de los impuestos de cada ciudadano. Si una empresa no quiebra por muchas pérdidas que obtenga, será una empresa donde sus trabajadores no tendrán ningún tipo de incentivo para mejorar ya que su puesto de trabajo no peligra. En cambio, si una empresa privada no da el mejor servicio posible, lo más probable es que esa empresa acabe desapareciendo y sus trabajadores siendo despedidos con ello, por lo que aquí el tema de los incentivos es de vital importancia.
De esta manera, son las empresas privadas las que tienen más incentivos que las públicas para gestionar mejor sus recursos, ya que son estas mismas empresas las que tienen que hacerse cargo del mal uso que se les da, mientras que quienes se hacen cargo del mal uso de los recursos por parte de las empresas públicas son los contribuyentes.
En definitiva, hemos podido comprobar a lo largo de este artículo que las empresas públicas españolas ya lograban unas pérdidas mil millonarias en los 20 años previos al cierre definitivo del organismo estatal, algo que deberían tener en cuenta los tan acérrimos defensores de la nacionalización o creación de empresas públicas.