A finales de marzo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) pedía al Gobierno más transparencia en el uso de los "recursos públicos". La advertencia corría a cargo de Cristina Herrero, la presidenta del organismo, heredera del cargo que ocupó el ahora ministro José Luis Escrivá.
Herrero insistía en que es necesario "elevar el estándar de transparencia en el sector público (…) Quizá no se haya avanzado lo suficientemente rápido y tampoco vemos cultura de la administración por compartir los datos", señalaba, visiblemente molesta con la ocultación de la realidad por parte del Ejecutivo. Se quejaba, ya más en concreto, de que Hacienda o Economía no hayan suscrito convenios de cesión de datos con la AIReF.
Una transparencia necesaria para la rendición de cuentas de la administración y cuya ausencia puede empezar a pasar factura en Europa.
Precisamente en este sentido vuelven a ser noticia los fondos europeos, aquellos recibidos para el MRR, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que articula el maná europeo destinado a la recuperación de los estados miembros de la UE y para los que España es uno de los principales y más rápidos receptores.
Desde el entorno del PP, el profesor y economista Santiago Sánchez está haciendo un seguimiento de cerca de lo que sucede con este dinero. Apoyado en los informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), denuncia que el Gobierno ha protagonizado en 2022 un escándalo todavía mayor que en 2021 en la Ejecución de esos fondos europeos.
Los datos conocidos hoy de la IGAE sobre la ejecución de los fondos europeos son demoledores.
El absoluto fracaso del gobierno, con una ejecución en 2022 peor que en 2021, rompe todo el relato y propaganda.
En 22% sólo se realizaron pagos por 11.271 millones de euros, el 39,58%… pic.twitter.com/WRdUx9f9wS
— Santiago Sánchez (@santisanchezab) April 4, 2023
Si en 2021, los pagos ascendieron al 45,5% de lo presupuestado, en 2022, han sido del 39,58%. Es decir que el déficit entre lo recibido, lo adjudicado y lo definitivamente entregado sigue subiendo. El 31 de marzo la UE autorizó el tercer desembolso de 6.000 euros que, junto a los 31.000 que ya habíamos recibido suman 37.036 millones de euros.
Desde agosto de 2021, el Gobierno no publica ni un solo dato sobre el destino de los fondos. El nivel de opacidad es enorme, tanto que es imposible saber cuánto del dinero recibido está llegando a la economía real.
Ya le sucedió a la eurodiputada alemana Monika Hohlmeier cuando visitó nuestro país para conocer de primera mano dónde y cómo se estaban repartiendo los fondos europeos que ya había recibido nuestro país. Su conclusión no pudo ser más elocuente: "Es imposible seguir el rastro de los fondos hasta su destinatario final"
"No sabemos qué región lo ha recibido ni cómo ni el destino del dinero", insistía Holmeier, que ponía el dedo en la llaga de una gestión, la de los fondos europeos, que dista mucho de ser la prometida.
La irresponsabilidad cuesta mucho dinero
Es imposible conocer hasta el momento cuánto dinero del que ha llegado sigue estancado en cuentas corrientes de las distintas administraciones, pero lo que es conocido es que el nivel de inflación que sufrimos está restando poder adquisitivo a ese dinero. Si, por ejemplo, son 10.000 millones los que todavía siguen sin llegar a su destino, quiere decir que en el último año se habrían perdido cerca de 800 millones de euros por efecto de la inflación que se instaló de media el año pasado en el entorno del 8%.