Vaya por delante que la solución al problema de la vivienda, tal y como la teoría y la experiencia económica acreditan, no pasa por abaratar coactivamente el precio del alquiler o la compra, ya sea mediante la fijación de precios, ya sea mediante la oferta de vivienda pública sufragada a cargo de los forzados contribuyentes. Aun así, no nos podemos sustraer a la monumental estafa electoral que supone el anuncio del pasado sábado de Pedro Sánchez consistente en poner en alquiler "a precios asequibles" 50.000 pisos propiedad de la gubernamental "Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria", más conocido por su acrónimo Sareb.
Para empezar, se trata de un anuncio que el presidente del Gobierno ya hiciera, a requerimiento de una senadora de ERC, en la sesión plenaria de la Cámara Alta celebrada el pasado 21 de febrero. Tanto entonces como ahora se trata de un colosal y demagógico engaño, pues casi un tercio de las mismas ya están okupadas de forma irregular; otro tercio son inmuebles pendientes de adecuación o incluso de construcción; mientras que buena parte del resto se ubica en zonas de "menos tensión" o de más baja demanda por situarse lejos de las grandes ciudades.
No es de extrañar si tenemos en cuenta que todos estos "activos", ya sean viviendas terminadas, a medio terminar o simples solares, eran los llamados "activos tóxicos" de las Cajas de Ahorros arruinadas por políticos y sindicatos que tuvieron que ser rescatadas con dinero público a través de la Sareb, no por nada conocido como "banco malo".
A este respecto, debemos recordar la denuncia de la Plataforma de Afectados por la Ocupación que, junto al creciente número de inquiocupas, alertaba hace meses del infierno al que se ven sometidos todos aquellos que viven en edificios donde una o varias viviendas pertenecen a fondos de inversión, bancos o la propia Sareb, a los que acusaban de absoluta dejadez habida cuenta del demencial y largo proceso judicial que es necesario emprender en España para que los propietarios de viviendas, víctimas de la okupación o del incumplimiento contractual de sus inquilinos, puedan recuperar sus inmuebles.
El "timo de las 50.000" de Sánchez es, pues, puro y engañoso humo electoral. En buena parte por culpa de su condescendencia a la okupación y a su propia falta de respecto a la libertad contractual y a la seguridad jurídica en el mercado del alquiler. Lo único que persigue es distraernos de la verdadera solución al encarecimiento del alquiler y de la compra de vivienda, que no es otra que incentivar la construcción de obra nueva y la puesta en alquiler de las llamadas "viviendas vacías" mediante la liberalización del suelo urbanizable; la máxima celeridad a la hora de desokupar las viviendas tanto de okupas como de inquilinos morosos; y la plena libertad y la máxima seguridad jurídica en los contratos de alquiler. Y es que todo lo que no sea aumentar la oferta para atender el aumento de la demanda, tanto de viviendas como de cualquier otro bien, no será otra cosa que populismo barato a cargo del contribuyente que lejos de solucionar el problema de la accesibilidad a la vivienda lo seguirá agravando.