La Unión Europea se prepara para dejar atrás la excesiva permisividad en materia fiscal que viene manteniendo, en los últimos años, con motivo de la pandemia y la guerra de Ucrania.
Hasta la irrupción de la crisis del coronavirus, las reglas eran claras: los países comunitarios no debían gastar más de lo que ingresaban a razón del 3% del PIB. Más allá de ese límite, las naciones incumplidoras se sometían a protocolos de déficit excesivo, y eso implicaba apercibimientos, obligación de poner en marcha reformas y una constante supervisión de los técnicos de Bruselas. Pero la debacle económica obligó a Bruselas a paralizar sus reglas.
Ahora, una vez superada la pandemia y mientras se modera la inflación, la Comisión Europea ha presentado su plan para volver a la normalidad en lo que se refiere a la disciplina fiscal. Se trata de una senda que los 27 llevan debatiendo durante meses, y en cuya negociación se han enfrentado dos posturas: la de los países más incumplidores, como España o Italia; y la de los que siempre pagan la fiesta de los manirrotos, como Países Bajos o Alemania.
Finalmente, el Ejecutivo comunitario liderado por Ursula Von der Leyen ha confirmado hoy miércoles que las reglas fiscales regresarán tal y como estaban planteadas antes de la pandemia, y sin grandes concesiones a las naciones que pedían un relajamiento de las mismas. Así, el déficit máximo permitido seguirá siendo del 3% del PIB, mientras que el 60% del PIB continuará constituyendo el límite de deuda pública.
En estos momentos, España incumple de manera clara ambas métricas: nuestra deuda pública cerró el 2022 en el 113,2% del PIB, mientras que el déficit se ubicó en el 4,8% del PIB nacional, tal y como muestran los datos recién actualizados por Eurostat y publicados por Libre Mercado. Un nivel de descuadre fiscal que apenas se reducirá en 2023 hasta el 4,2% del PIB, según la Airef.
El plan del Gobierno: trampas e impuestos
No obstante, el Gobierno de Sánchez tiene un plan paralelo para escaquearse de la disciplina fiscal. Y es que, tal y como adelantó ayer martes el ministro José Luis Escrivá, España aprovechará su presidencia de turno de la UE para negociar que el gasto social se compute como inversión en desarrollo económico y no entre en el cálculo del déficit, logrando así un margen ficticio para continuar gastando sin efectuar ajustes. En esta línea, Escrivá defendió que "cuando hablamos de gasto social debemos ser muy pragmáticos" y que este "es prioritario en el presupuesto de los Estados".
Por su parte, y coincidiendo con el plan presentado por la UE, Unidas Podemos ha aprovechado hoy para proponer su método para cumplir con las exigencias de rigor fiscal: subir todavía más los impuestos. En concreto, el secretario general del grupo parlamentario, Txema Guijarro, ha defendido que en España debe producirse un "aumento significativo de la presión fiscal". "Con todas las letras lo decimos", ha proclamado el diputado morado, concretando que este aumento de la presión tributaria debería enfocarse especialmente en las rentas altas. De esta forma, el partido izquierdista mantiene en su discurso la misma línea de actuación que la demostrada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y por la cual bajar el gasto público parece no ser una opción.
Multa de hasta 6.600 millones
Con el fin de facilitar la vuelta a la disciplina fiscal de los países incumplidores, Bruselas ha concretado que se establecerá una senda progresiva y obligatoria de reducción del déficit, de forma que deberá hacerse un ajuste mínimo del 0,5% del PIB cada año. La norma, que debería empezar a funcionar desde el próximo año 2024, afectará a España al rebasar el nivel máximo del 3%.
Además, de no cumplir con el ajuste programado, los países se enfrentaran a sanciones millonarias. En el caso de España, estas se ubicarían entre el 0,05% del PIB y el 0,5% del PIB, según el tiempo que se tarde en subsanar este incumplimiento. Es decir, nuestro país se expondría a multas de entre 600 y 6.600 millones de euros de no cumplir con la senda de reducción del déficit público. Bruselas ha concretado que las penalizaciones comenzarán con la sanción mínima, elevándose estas cada 6 meses si no se han tomado las medidas oportunas.
Por otro lado, la Comisión ha planteado que los países miembros presenten un plan detallado a cuatro años vista, como mínimo, en el que especifiquen sus objetivos fiscales y las medidas y reformas previstas en caso de incurrir en desequilibrios fiscales. De igual forma, los ajustes fiscales que se formulen deberán estar planteados en términos de objetivos de gasto plurianuales. Y, adicionalmente, Bruselas establecerá para los países incumplidores (tanto en déficit como en deuda) una "trayectoria técnica" que deberá cumplirse para que "la deuda se sitúe en una senda plausiblemente descendente o se mantenga en niveles prudentes".
Ursula Von der Leyen ha confiado en que su "crucial" reforma se apruebe mediante "un acuerdo rápido" y es que asegura que las nuevas reglas "ayudarán a reducir los altos niveles de deuda pública de manera realista, gradual y sostenida". De esta forma, ha insistido en que "unas finanzas públicas sólidas nos permiten invertir aún más en la lucha contra el cambio climático, digitalizar nuestra economía, financiar nuestro modelo social europeo inclusivo y hacer que nuestras economías sean más competitivas".