Mientras el Gobierno trata de minimizar el gran problema de la okupación en España, las alertas empiezan a traspasar fronteras. "Están okupando las segundas residencias de los británicos en España, y la ley les ayuda a hacerlo", advertía hace apenas unos días The Times, tras hacerse eco del caso de Marc Robinson, el fiscal jefe del servicio de Extradición del Reino Unido, que ha visto cómo su residencia de vacaciones en Ibiza ha sido okupada recientemente.
La publicación británica alertaba de que deshacerse de los okupas "puede llevar años, incluso si, como Robinson, el propietario muestra los títulos de propiedad a la Policía", al tiempo que constataba que "la Ley de Vivienda aprobada por el parlamento español el mes pasado otorga más derechos" si cabe a estos delincuentes. "Ya están más protegidos en España que en cualquier otro lugar del planeta, pero esta ley significa que se necesitarán dos años de Servicios Sociales antes de que puedas iniciar un desalojo, denunciaba en The Times Mark Stücklin, fundador de la compañía Spanish Property Insight, con sede en Barcelona. El empresario alertaba además de que, aunque el Gobierno se aferra a que su objetivo no es otro que proteger a los vulnerables, la realidad es que la nueva Ley será aprovechada por el crimen organizado. "Es una catástrofe legislativa que tendrá consecuencias incalculables", insiste.
El artículo ya se ha hecho viral en el Reino Unido, al igual que sucedió el pasado mes de marzo en China con la historia de un hombre llamado Yue Zhang, a quien una familia gitana le había okupado su casa de Barcelona, aprovechando que desde el inicio de la pandemia no había salido de su país de origen. "Okupación España" fue trending topic en Weibo, el hermano chino de Twitter, con más de 30 millones de visitas gracias a un vídeo donde se alertaba de lo difícil que es en España echar a un okupa.
"¿La propiedad privada occidental no es inviolable? ¿Mañana puedo ir a España de viaje y, si me apetece, entrar en una casa vacía y quedarme allí a vivir?", preguntaban los internautas sin dar crédito. Lo mismo ocurría en RedBook, una red social similar a Instagram: decenas de ciudadanos chinos que habían vivido en España y habían sido víctimas de la okupación compartían sus experiencias, escandalizando al resto de usuarios.
"Una vergüenza para España"
La historia que ahora publica The Times se remonta a la pasada Semana Santa. Cuando el fiscal Marc Robinson llegó a Ibiza para pasar las vacaciones junto a su familia, descubrió que su segunda vivienda había sido okupada. "Los agentes le dijeron que tendría que seguir pagando las facturas de agua y electricidad de los okupas hasta que consiguiera una orden de desalojo", relata el periódico británico, sin dar crédito a la protección que la legislación española concede a los okupas: "Después de 48 horas, obtienen el derecho a vivir allí y solo pueden ser desalojados por orden judicial".
En un extenso reportaje, The Times asegura que "las mafias se están aprovechando de la Constitución Española que otorga a todos los ciudadanos el derecho a una vivienda digna". Sin embargo, sitúa el origen de "la invasión de los okupas" en la pandemia y, más concretamente, en la aprobación del decreto antidesahucios de Pedro Sánchez. La publicación recoge, además, las palabras del abogado que representa al fiscal Marc Robinson y que trata con decenas de clientes británicos y europeos cuyas casas son okupadas cada año en las Islas Baleares. "Esto es una vergüenza para España —lamenta Francisco Sancho Jaraiz—. Tenemos una población flotante de un millón en Ibiza y los turistas pueden mover la economía. Sin embargo, ese es el precio que pagan por elegir nuestro país, porque aquí la ley no los respeta".
En total, se estima que alrededor de 800.000 británicos poseen una propiedad en España, por lo que el sector inmobiliario teme que artículos como éstos puedan pasar factura a la inversión extranjera en nuestro país. No en vano, tras la nefasta experiencia vivida en Ibiza, la mujer del fiscal Robinson tiene claro que venderá la que hasta ahora había sido su residencia vacacional. "No es el mismo lugar que era hace 20 años", lamenta.
El éxito de las empresas de desokupación
Lo que más sorprende a la prensa británica es que las víctimas tengan que esperar "una media de 18 meses para recibir la orden de desahucio para reclamar las propiedades que poseen, frente a las 48 horas de Francia y las 24 horas de Alemania". Eso, asegura The Times, hace de nuestro sistema judicial un sistema "débil" y empuja a los propietarios a contratar empresas de desokupación que, aunque caras, resultan más efectivas.
Entre ellas cita a Fuera Okupas, una empresa similar a la famosa Desokupa, con la que Ione Belarra se ha propuesto acabar, tras asegurar que sus miembros "son gentuza". A pesar de los ataques, la de Jorge Fe dice tener "una tasa de éxito del 97% en los 4.000 casos que ha manejado". El empresario, entrenado en una forma rusa de jiu-jitsu y boxeo desde que tenía 16, asegura que sólo en el 2% de los casos se encuentra con personas que realmente han okupado la vivienda por necesidad.
Según explican, su modus operandi parte de una primera visita en la que tratan de mediar acompañados por un abogado. El siguiente paso es esperar a que los okupas salgan momentáneamente de la propiedad y hacer que su regreso sea imposible, bloqueando todos los puntos de entrada. Por todo ello, Fuera Okupas suele cobrar 2.500 euros. "Operamos dentro de la ley. No se nos permite usar la fuerza, aunque a veces nos gustaría hacer uso de ella", aclara Jorge Fe.
Michael Reagan, un londinense de 74 años, es uno de los que ha optado por esta vía. En 2021, sus okupas le exigieron 5.000 euros para irse, pero la empresa consiguió rebajar la cifra a 2.000. Él no cuestionó el pago porque "solo los quería fuera" y, efectivamente, así fue. Si hubiera esperado, tal vez seguiría con los okupas dentro, ya que a día de hoy sigue sin recibir respuesta a la denuncia que interpuso en su día.