No hay campaña que se precie en la que los políticos de izquierdas defiendan a capa y espada en sus mítines el Estado de Bienestar frente a la "derecha que viene a desmantelarlo", dicen. En que la derecha no denuncie que la izquierda pone en riesgo sus sostenibilidada y en la que todos, izquierda y derecha, hagan una cerrada defensa de ese fabuloso Estado del Bienestar.
Detrás de esta trampa semántica, ampliamente aceptada en la sociedad española, se esconde el perverso mecanismo por el que nuestros políticos justifican el expolio de los recursos de las clases productivas para dar asistencia supuestamente gratuita.
Los españoles crecen pensando que la educación, la sanidad o las pensiones son gratuitas. Son derechos que adquirimos por el simple hecho de ser españoles. Y nada más lejos de la realidad. Nos cuestan y mucho: tanto como la mitad de nuestro salario de media.
Es decir, las clases más populares, las clases medias, medias bajas y medias altas son las que aportan el grueso de los ingresos fiscales que permiten a los políticos de turno disponer de los recursos a su antojo.
A cambio, mantienen la ilusión de que los españoles gozamos de la mejor sanidad y educación posible y gratuita, cuando es, en realidad falso.
Al revés, el Estado nos detrae la mitad de lo que ganamos con nuestro trabajo y nos obliga a pagar unos servicios manifiestamente mejorable. Sólo los funcionarios pueden elegir, por ejemplo, entre sanidad pública o privada y, oh casualidad, 3 de cada cuatro eligen la privada. El resto de los contribuyentes, aunque queramos pagar sanidad privada, seguimos pagando la pública.
El caso de las pensiones
Lo más llamativo está en las pensiones, donde los trabajadores del presente, también los mileuristas están pagando las pensiones de nuestros mayores que en muchos casos y de media son mayores que los sueldos de hoy. Además, la tasa actual es de menos de dos activos por cada pasivo en España, una situación insostenible.
Pero además de eso, resulta que tampoco podemos elegir si queremos pensión pública o privada, ya que de poder elegir dispondríamos de grandes recursos para capitalizar a largo plazo. Pongamos un ejemplo: un trabajador de 28 años que gana 1.700 euros y en cotizaciones sociales paga 700 euros mensuales, en lugar de darlo al sistema de reparto, lo invierte a un fondo indexado que ofrece una rentabilidad efectiva del 4,2% (la rentabilidad histórica del mercado des del 8%) a los 57 años podría retirarse después de acumular casi medio millón de euros.
Entonces, ¿Para qué sirve?
Para afianzar un modelo asistencial de prestaciones básicas orgnaizadas por el Estado y que mantienen cautivo al ciudadano que no cuente con recursos como para poder proporcionarse otros servicios por su cuenta. No garantiza el bienestar social, sino el bienestar del Estado, el bienestar de los políticos. Nos hacen dependientes. Y todo, gracias a la extracción de rentas, sobre todo, de los que menos tienen.