Hace mucho tiempo que el Gobierno en pleno busca un resquicio legal para actuar contra medios de comunicación críticos y contra Vox como partido. Fernando Grande-Marlaska no ha dejado de acusar a un "discurso" de incitar a un supuesto odio. De hecho, lo ha hecho incluso usando agresiones falsas. La vía legal estudiada ha sido desde el inicio la de la ampliación de la definición del delito de odio en el Código Penal bajo una surrealista analogía entre la crítica a las leyes más ideológicas de este Gobierno y la incitación a un supuesto odio a determinados colectivos.
Hasta ahora esa vía había chocado con el evidente muro de las libertades de expresión, crítica, prensa y del pluralismo político. Pero Podemos ha dado un paso contra Desokupa que cuenta con simpatía en el PSOE: un paso que apunta a incluir el factor del "lucro" en la crítica a determinados delitos y leyes cuando los afectados, según la izquierda, son los okupas, asociaciones como Infancia Libre o cualquier colectivo de lo que Podemos y el PSOE califica de "vulnerable". Fuentes conocedoras del impulso a esta reforma han confirmado a Libertad Digital que esta vía no se ha diseñado para actuar exclusivamente contra compañías como Desokupa. También está diseñada para poder acusar a medios de comunicación de lanzar mensajes críticos con fines lucrativos –la facturación de los periódicos, radios o teles— y de generar un presunto odio.
Podemos ha declarado la guerra a Desokupa, la empresa que ayuda a expulsar a los okupas de la casas invadidas ilegalmente. La estrategia jurídica elegida se basa en un cambio normativo que se fundamenta en la imputación de un supuesto odio con "lucro" a la empresa. Tal y como ha sido redactada la reforma, el cambio se basa en la imputación de un presunto odio a los más desfavorecidos que, además, generaría un lucro a la empresa u organización.
El cambio diseñado por Podemos se basa en la reforma de la ley orgánica del Código Penal. Y, en concreto, del artículo 515. Podemos pretende que ese articulo, que describe las conductas punibles en materia de asociaciones, considere ilícitas las organizaciones que incorporen una supuesta mezcla de odio y lucro. El redactado actual considera asociación ilícita a la que tenga "por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión"; la que "aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución"; la "de carácter paramilitar"; o aquellas "que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, situación familiar, enfermedad o discapacidad".
Y Podemos quiere ampliar esta última enumeración para incluir "aquellas que, con ánimo de lucro, realicen tales acciones contra personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica o social, aun cuando dicha actuación resulte un mero medio para la consecución de sus fines lucrativas".
Hay que destacar en primer lugar que el cambio ha sido redactado de tal forma que afecta a las organizaciones. Es decir, podría ser perfectamente aplicable a un partido político. Y es que tanto en Podemos como en el PSOE no dejan de observar a Vox –así lo afirmó el ministro del Interior Grande-Marlaska— como un elemento a expulsar del juego político por practicar "una política ajena a lo que son los valores de una democracia avanzada". Lo dijo mientras asumía con plena tranquilidad las listas de Bildu con 44 terroristas o mientras observa los actos de marcado callejero e imputación de delitos falsos que practica Podemos contra Tomás Díaz Ayuso, sólo por poner un ejemplo.
Y, en segundo lugar, hay que destacar que el nuevo redactado buscado para el delito de odio por la izquierda permitiría a Podemos, Bildu, ERC o el PSOE considerar que una facturación de un medio de comunicación unido a un discurso crítico en materia de ley de violencia de género, o de ley trans, o de ley del sólo sí es sí, o de ley de vivienda, o de ley de memoria democrática –por poner sin más algunos ejemplos— implicaría la generación de un hecho sujeto al tipo delictivo del odio.
Y es que Podemos argumenta su reforma señalando que "la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otros, AATS de 29 de julio de 2021, de 21 de junio de 2021, y de 8 de noviembre de 2018; así como SSTS de 4 de mayo de 2022, de 11 de diciembre 2020, y 9 de febrero de 2018) ha venido entendiendo que el delito de odio tiene como esencia el incitar públicamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del grupo o contra una persona determinada, pero atacada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad". Y para la izquierda, criticar sus leyes implica criticar a los colectivos.