El transporte en autobús en España está de capa caída. Y no es para menos, porque el sistema que lo regula, vigente con pocos cambios desde la dictadura de Primo de Rivera, limita la competencia otorgando monopolios concesionales que perpetúan la primacía de grandes compañías como Alsa; en muchos casos, en base a acuerdos caducados.
Las consecuencias son evidentes: el número de usuarios que eligen el autobús para viajar por el país no para de caer, desde los 45 millones anuales a principios de siglo hasta los cerca de 30 millones en la actualidad. Y los que quedan parecen no estar muy contentos con el sistema: alrededor del 70% está parcial o totalmente en contra del modelo actual basado en concesiones públicas, según un estudio de KPMG para Confebus.
Nuestro país es uno de los pocos en Europa que aún no ha liberalizado el transporte de viajeros por autobús, lo que nos coloca en la situación de naciones como Rumanía, Hungría o Grecia. Además, esta circunstancia nos hace sufrir precios intencionalmente altos. Las tarifas por kilómetro en España son un 28%, 36%, 88%, 88% y 41% superiores a las de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Portugal, respectivamente, según un reciente informe de Funcas.
Debemos recordar, este sentido, que el mercado liberalizado ha traído numerosas ventajas en el resto de Europa, principalmente en lo que se refiere al precio. Así, no es de extrañar los viajes por apenas 1 euro que compañías como MegaBus llevan años ofreciendo. La propia Megabus, adquirida por FlixBus en sus operaciones europeas, sigue esperando una liberalización del sector para poder aplicar sus ventajosas tarifas en España. "Las líneas de avión están liberalizadas, las de tren también, pero las líneas de autobús se siguen considerando públicas. Eso no sucede en ningún país de nuestro entorno", explicó el director general de FlixBus en España, Pablo Pastega. La compañía, líder del sector en el viejo continente, anuncia a día de hoy billetes desde 2,99 euros para viajar por Europa.
¿Liberalización a la vista?
Tras la presión popular, las exigencias de las pequeñas empresas de transporte, las continuas exigencias de Bruselas o las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV), el Gobierno ha incluido en su Ley de Movilidad Sostenible –pendiente de aprobación por las Cortes antes de que concluya el 2023– la posibilidad de reformar al fin el modelo de transporte en autobús. En concreto, el texto legislativo prevé en su artículo 50 que "el Consejo de Ministros podrá autorizar la prestación del servicio en régimen de libre competencia en las rutas propuestas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pudiendo, no obstante, imponer a los operadores que presten dichos servicios el cumplimiento de determinadas obligaciones, en virtud del procedimiento que se establezca reglamentariamente".
En este sentido, el camino por el que quizás opte el Ejecutivo tras la aprobación de la ley sea el de seguir las recomendaciones de la CNMV, de forma que, como pide el organismo, se liberalicen los servicios para distancias superiores a 100 kilómetros.
Críticas de Podemos y CCOO
Pese a que gran parte de las críticas a esta posible liberalización vienen, como es entendible, por su ambigüedad y falta de concreción práctica, algunas esferas políticas y sindicales han puesto el grito en el cielo por la mera posibilidad de que un mercado tan intervenido e ineficiente pueda llegar a ser gestionado de manera libre y con menor control político.
Es el caso, por ejemplo, de Unidas Podemos, que ha exigido a su socio del gobierno, el PSOE, que retire de la Ley de Movilidad la vía que permite al Gobierno autorizar la prestación del servicio en régimen de libre competencia en las rutas de transporte regular. El partido morado, en concreto, ha presentado una enmienda para derogar el artículo 50, argumentando que la liberalización supondría la "uberización" de este tipo de transporte. "Para que haya derecho a la movilidad tiene que haber un sistema de transporte público asequible para el conjunto de la población que garantice, además, la vertebración territorial", ha asegurado este martes el portavoz de Transportes de Unidas Podemos en el Congreso, Rafael Mayoral.
En la misma línea se ha situado CCOO, que prepara concentraciones para las próximas semanas y asegura que el sistema vigente en la actualidad "fomenta la igualdad de oportunidades, la cohesión territorial y la justicia social". El sindicato izquierdista considera, en este sentido, que una privatización, sea parcial o total, causará que habrá ciudades muy bien comunicadas porque haya empresas que quieran operar en ellas; mientras que otras quedarían desprovistas de servicios de transporte, al no ser prácticas o beneficiosas para sus intereses.