El Congreso está disuelto. Pero no para todo. El truco de la Diputación Permanente entra en escena y este miércoles aprobará el Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia agraria. Pero ese texto, como aclara el propio Congreso, incorpora algo más que supuestas rebajas fiscales para el campo: el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo adopta "medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas", así como "de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas".
Traducido: los permisos para librar del trabajo por calor van en ese texto. Todo un regalo diseñado por Sánchez y Yolanda Díaz para el electorado, creen ellos.
La iniciativa del Gobierno, de hecho, fue concebida como un supuesto paquete de ayudas al campo, pese a lo que asociaciones agrarias ya han destacado que la supuesta rebaja es una falacia. Pero lo cierto es que generará titulares favorables al Gobierno y lo hará en la cercanía electoral. Y como el texto ya estaba lanzado y se supone que es una respuesta urgente a una situación que requiere de respuesta inmediata, pues se aprobará por la Diputación Permanente pese a estar disueltas las cortes.
Ese texto establece, entre otras, "medidas de apoyo" a los titulares de explotaciones agrarias que "han visto agravada su situación" por la sequía y las elevadas temperaturas.
"La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados es un órgano de naturaleza especial que se reúne para velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no está reunida, ha expirado su mandato o ha quedado disuelta. Sustituye, en definitiva, al Pleno del Congreso para que sus funciones no queden desatendidas", explica el Congreso. "En el caso de disolución de las Cámaras, como es el caso, o de expiración del mandato parlamentario, la Diputación Permanente asume las facultades de la Cámara sobre la convalidación o derogación de los decretos-leyes y la información, autorización o declaración, según los casos, en relación con los estados de alarma, excepción y sitio, previstos en el artículo 116 de la Constitución", añade. Y con esa explicación serán convalidados todos los postres y añadidos de ese Real Decreto. Entre ellos, los parones laborales por calor.
Ley ‘anti calor’
El texto que se convalidará señala literalmente que "resulta urgente actuar frente a estas circunstancias". En concreto, "un ámbito donde las personas se encuentran en una especial vulnerabilidad es el laboral, en el que la exposición a los fenómenos meteorológicos adversos puede resultar ineludible, a no ser que la protección frente a los mismos esté adecuadamente garantizada por una normativa preventiva eficaz". En este contexto, señala el redactado, "las altas temperaturas de estos últimos años le costaron la vida, entre otros dramáticos casos, a un trabajador de 60 años mientras cumplía con sus obligaciones laborales, desarrollando la tarea de limpieza viaria en las calles del barrio de Vallecas, en Madrid, y a uno del campo de Murcia, en Lorca, que ni siquiera tenía a su disposición agua o medio de hidratación alguno".
Y, a la vista del contexto descrito, "urge introducir las modificaciones precisas para reforzar el marco jurídico de la prevención de riesgos laborales, con tal de garantizar que los principios e instrumentos ya previstos en la legislación tengan una aplicación práctica efectiva". Por ello, "se modifica el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, estableciendo la obligación concreta de prever medidas adecuadas frente a riesgos relacionados con fenómenos meteorológicos adversos, incluida la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que estos concurran, resultando obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista cuando la Agencia Estatal de Meteorología o, en su caso, el órgano autonómico correspondiente en el caso de las comunidades autónomas que cuenten con dicho servicio, emita aviso de fenómenos de nivel naranja o rojo y las medidas preventivas anteriores no garanticen la protección de las personas trabajadoras".