Uno de los grandes objetivos del gran paquete de medidas climáticas europeas es la renovación de edificios: la UE está en plena tramitación de la denominada Directiva sobre Eficiencia Energética de Edificios, con objetivos tan ambiciosos como que en 2050 el parque inmobiliario europeo sea cero emisiones. Según los cálculos europeos, los edificios energéticamente ineficientes son responsables del 36% de emisiones de gases de efecto invernadero. Considerando que, según la UE, un 75% de los edificios europeos son considerados "ineficientes", la tarea de rehabilitación que se propone Bruselas en estas décadas es inmensa.
La nueva directiva, que podría aprobarse entre finales de este año y el año que viene, busca impulsar la renovación edificios marcándose varios hitos: los edificios nuevos deberán ser cero emisiones desde 2028 y en cuanto a los ya construidos, deberán obtener la clasificación energética E en 2030 y la D en 2033. Una medida que se suma a la "ola de renovación" que está impulsando la UE a base de subvenciones que empieza ya a reflejarse en los planes de los países miembro: en España, el reciente borrador del PNIEC con los planes energéticos del Gobierno contempla que las viviendas rehabilitadas de aquí a 2030 asciendan a 1.377.000 con la "palanca" de las ayudas europeas.
¿Qué supondrá para el propietario los nuevos objetivos de la futura directiva europea? El documento sólo hace hincapié en el ahorro energético que puede suponer la rehabilitación de una vieja vivienda pero no habla, de momento, de obligaciones. De hecho, en una reciente conferencia, Frans Timmermans, el vicepresidente de la Comisión Europea y principal impulsor de la agenda verde se refirió a esta medida y a los recelos que puede despertar:
"No va a ir un inspector de la Comisión a mirar tu casa. No le vamos a decir a la gente que no puede vender su casa si su calificación energética no es lo suficientemente buena. Tengamos los pies en el suelo y miremos lo que van a traer estas medidas: una rebaja de las facturas de la calefacción y electricidad. (…) No convirtamos esto en ‘bueno, esto es una cosa pensada para gente que conduce un Tesla y come tofu’. No, esto es parte de un programa social y va a ayudar a la gente que tiene apuros para pagar sus facturas y les va a proporcionar viviendas más cómodas y sanas".
Con estas palabras, Timmermans aludía a los recelos del Gobierno italiano, que coincidiendo con una votación en el Parlamento Europeo se mostró en contra de los estrictos objetivos y fechas límite de la nueva norma y avanzó que habría numerosas excepciones para el envejecido parque inmobiliario italiano. Desde el Gobierno italiano, también alertaron del enorme coste que supondría para el país abordar la renovación y prometieron que durante la tramitación de la norma procurarían que fuera "compatible con las peculiaridades" de las viviendas italianas.
Las prohibiciones de Francia
La directiva no habla de prohibiciones pero sí deja vía libre a los países para decidir cómo aborda el desafío. Y, quizás, haya países que en lugar de tomar el camino italiano opten por actuar como Francia, donde ya se ha decidido prohibir por ley el alquiler de viviendas consideradas "indignas" por su ineficiencia energética. Según una norma del Ministerio de Transición Ecológica francés, a partir del 1 de enero de 2025, las viviendas de alquiler tendrán que tener al menos una clasificación energética F (lo que deja fuera a las que tienen la calificación más baja, G); desde 1 de enero de 2028 deberán tener clasificación E y desde 2034, clasificación D. Existen excepciones, como alquileres turísticos, pero la medida afectará a la inmensa mayoría de las viviendas. La norma especifica que aunque un propietario alquile la vivienda a un inquilino sin la certificación adecuada, eso no le exime de sus obligaciones y un juez podría obligarlo a acometer las obras de renovación, a rescindir el contrato o incluso a suspender su cobro.
Por otro lado, ya está en vigor la prohibición de subir el alquiler de viviendas clasificadas como F y G con contratos firmados después de agosto del año pasado.
En España no se ha planteado ninguna medida similar y hoy por hoy, la única obligación para vender o alquilar un piso es contar con un certificado con la calificación energética. Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en nuestro país casi la mitad de inmuebles son anteriores a 1980. Más del 81,0% de los edificios existentes se sitúan en las letras E, F o G, en términos de emisiones. Los edificios con la calificación máxima, A, suponen sólo el 0,3%.
Aluvión de subvenciones
Desde el sector de los administradores de fincas señalan que la iniciativa de Francia, adelantándose incluso a las fechas europeas, podría "terminar convirtiéndose en tendencia si el ritmo de rehabilitación no es el que deseado". Por el momento, los fondos Next Generation de la UE se han convertido en unas "ayudas sin parangón" para rehabilitar viviendas o acometer los trámites previos a las reparaciones, como el denominado Libro del Edificio Existente, que recoge además de la calificación energética recomendaciones de mantenimiento y una memoria de posibles actuaciones "para mejorar la eficiencia energética" con las subvenciones a las que se puede acceder, y que está sufragado al cien por cien con dinero público a través de los fondos europeos.
Desde IESA, una empresa de software enfocada a los administradores de fincas, destacan cómo en España las viviendas "no tienen un buen abrigo" para el invierno ni aislante para el verano y cómo la mayoría fueron construidos sin una normativa de eficiencia energética en vigor. "Si no cumplimos, alguien tomará una medida como la que están tomando en Francia", augura su director, Enrique Sánchez, en declaraciones a LD. Por ahora, desde la UE se han limitado a aprobar unas subvenciones "sin parangón" que pueden alcanzar hasta el 80 por ciento de las obras.
Las casas de verano se salvan
Hay en cualquier caso edificios que se libran de las mejoras energéticas europeas, de las renovaciones y de hipotéticas futuras prohibiciones: viviendas históricas o protegidas por motivos arquitectónicos; edificios religiosos; construcciones temporales, industriales o relacionadas con ciertas infraestructuras; viviendas que se usan menos de cuatro meses al año (lo que salvaría a todas las segundas residencias) o que gasten menos del 25% de la energía que se consumiría en un año y casas aisladas con una superficie habitable inferior a los 50 metros cuadrados.