Son cada vez más las voces que advierten de que España se enfrentará a duros ajustes presupuestarios a partir de 2024, como consecuencia de la reactivación de las reglas fiscales de la UE, que, en ausencia de cambios, exigirán reducir el déficit a un máximo del 3% del PIB y bajar la deuda hasta el 60%.
El desequilibrio presupuestario que registra España, uno de los más elevados de Europa, con un déficit del 4,8% y una deuda del 113% a cierre de 2022, hace prever la necesidad de aplicar los temidos recortes para tratar de sanear las cuentas nacionales tras estos últimos años de excesos, ante la inexistencia de límites comunitarios tras el estallido de la pandemia en 2020.
Aunque todavía es pronto para avanzar cifras, cuya cuantía dependerá del cierre presupuestario de este año, el ajuste exigido podría oscilar, a priori, entre los 20.000 y los 30.000 millones de euros para 2024. Sin embargo, una cosa es lo que pida Bruselas y otra muy diferente lo que haga el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez.
Además, cabe tener en cuenta que a las autoridades comunitarias les da igual si el ajuste en cuestión se realiza por el lado del gasto o de los ingresos, ya que lo único que tienen en cuenta es que el país socio alcance el objetivo marcado, al menos sobre el papel. Y es aquí, precisamente, donde radica problema: dado que el papel lo aguanta todo, Sánchez puede usar, al menos, tres trampas para burlar los famosos recortes.
El Gobierno tendrá que remitir a Bruselas el Plan Presupuestario de 2024 entre el próximo mes de octubre y noviembre. Con tal de que cuadren las cifras, Sánchez podría, en primer lugar, cargar el grueso del ajuste sobre los hombros de CCAA y ayuntamientos, muchos de los cuales, hoy por hoy, están gobernados por el PP.
El déficit público de España incluye tanto el agujero fiscal del Gobierno Central, como de autonomías, ayuntamientos y Seguridad Social. Y el reparto concreto de cargas lo decide el Ejecutivo. Así pues, puestos a exigir recortes, Sánchez podría derivarlos a la administración territorial, esquivando con ello cualquier responsabilidad. Serían los gobiernos regionales y locales del PP, y no el Gobierno central del PSOE, los que soportarían el peso de los ajustes -y la correspondiente factura a nivel social-.
La segunda trampa es algo más sibilina. Y es que, dado que el déficit es la diferencia entre ingresos y gastos, basta con que el Gobierno infle artificialmente los primeros para evitar reducir los segundos. Sánchez podría argumentar ante Bruselas que continuará subiendo impuestos, lo cual, sumado al crecimiento del PIB y la inflación, daría como resultado un fuerte aumento de la recaudación, eludiendo así el recorte de gasto.
Y, en tercer lugar, siempre cabe la habitual trampa del optimismo económico. En última instancia, y puesto que subir impuestos también es impopular, Sánchez podría inflar el crecimiento del PIB, con unas previsiones triunfalistas e irreales, para que el déficit se reajuste por sí solo vía más recaudación y menor peso del gasto sobre el PIB.
El problema es que estas burdas trampas tienen escaso recorrido, de modo que España acabaría incumpliendo los objetivos iniciales de déficit y deuda aprobados por la UE, pero, en este caso, el tiempo juega a favor de los políticos tramposos. El estado real de las cuentas públicas de 2024 no se conocerá de forma definitiva hasta abril de 2025 y, para entonces, Sánchez, en caso de seguir gobernando, ya habrá ganado un año y medio de legislatura, casi la mitad del mandato, sin necesidad de realizar recorte alguno.