La contratación pública se disparó de forma notable en el segundo trimestre del año. En los meses de abril, mayo y junio, las licitaciones de la Administración crecieron un 14% en relación con el mismo periodo del anterior ejercicio. Tal aumento coincide con la celebración de las elecciones autonómicas y municipales el día 28 de mayo, así como el anuncio de los comicios generales que finalmente tuvieron lugar el 23 de julio.
La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, apunta que los datos del segundo trimestre de 2023 suponen un aumento del 14% en comparación con las cifras para abril, mayo y junio de 2022. En términos monetarios, la subida observada fue de 25.740 a 29.226 millones de euros.
La comparativa es aún más significativa si nos remontamos dos años atrás en el tiempo. Así, entre los meses de abril y junio de 2021, la Administración sacó al mercado concursos valorados en 21.505 millones de euros. Por tanto, el crecimiento observado en las licitaciones del cuarto, quinto y sexto mes del año alcanza el 36% al comparar 2021 con 2023.
En la misma línea, cabe recordar que Pedro Sánchez ha aumentado con fuerza el peso del gasto público, hasta el punto de que la factura por habitante de los desembolsos totales de las Administraciones ha crecido de 10.293 a 13.197 euros desde que Pedro Sánchez es presidente. En términos porcentuales, el tamaño del Estado ha subido del 41,8% al 47,8% del PIB entre 2018 y 2022.
La misma estrategia de 2019
No es la primera vez que Sánchez llega ‘dopado’ a las elecciones y se apoya en el gasto público para avivar el crecimiento a las puertas de una cita con las urnas. En 2019, por ejemplo, los desembolsos del Estado crecieron tres veces más que la media europea. Mientras España vivía una crisis política de calado que desembocó en una repetición electoral, Sánchez se dedicaba a disparar el gasto y, de hecho, aumentaba el déficit público por primera vez en ocho años.
Ya entonces, las cifras de la Contabilidad Nacional reflejaban la enorme distorsión que se estaba produciendo en la economía española, puesto que el gasto de los hogares bajaba un 6% mientras el de las Administraciones aumentaba un 32%. Entonces, la totalidad del magro crecimiento que reflejaba del PIB se explicaba por el gasto público, financiado con cargo a la deuda.
Parte importante de estos dispendios adicionales financiaron los llamados "viernes sociales", término eufemístico con el que el Ejecutivo se refirió a la batería de medidas de gasto comunicadas cada viernes tras las reuniones del Consejo de Ministros y pensadas para fortalecer la popularidad del Ejecutivo a costa de abultar la factura del endeudamiento de las Administraciones.